La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de marzo para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales para gestionar las medidas de recuperación puestas en marcha tras la emergencia provocada por el tren de borrascas que sufrió Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026.
En su intervención, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido la necesidad de «adaptar temporalmente los instrumentos de gestión de personal para dar una respuesta inmediata, optimizando los recursos disponibles y mejorando la capacidad operativa de la Administración andaluza».
Para ello, el texto modifica la Ley de Función Pública de 2023 y varias normativas en materia de empleo público, con el fin de agilizar la dotación de los recursos humanos necesarios en los servicios públicos encargados de gestionar la recuperación, simplificando los procedimientos, pero «sin renunciar a la seguridad jurídica ni perjudicar los derechos de los trabajadores».
El decreto ley persigue garantizar la máxima estabilidad del personal seleccionado en los puestos que se consideren estratégicos para la recuperación durante el periodo crítico de restablecimiento de la normalidad de los servicios esenciales dañados.
Para ello, refuerza un mecanismo previsto en la normativa que permite incorporar un 20% adicional de plazas en las convocatorias de procesos selectivos, permitiendo así cubrir vacantes con funcionarios en vez de con interinos. No obstante, Nieto ha explicado que en situaciones extraordinarias «no basta con tener personal, sino que es imprescindible que ese personal permanezca el tiempo suficiente» para garantizar la máxima eficacia de los servicios en un momento de recuperación.
El objetivo es que una excesiva movilidad de los profesionales no descomponga los equipos al poco de arrancar, ya que «la experiencia, el conocimiento del puesto y la continuidad en la gestión son elementos clave para la eficacia administrativa».
Por eso, se establece que las personas que ocupen estas plazas adicionales no participen en concursos de traslado durante dos años, el mismo periodo que deben permanecer el resto de los funcionarios en el puesto antes de concursar.
La Ley de la Función Pública prevé la posibilidad de que se creen unidades administrativas temporales de apoyo para reforzar servicios ante un pico excepcional de carga de trabajo. Para agilizar la creación de estas unidades, el Decreto Ley simplifica su tramitación para concentrar recursos humanos allí donde más se necesitan y actuar con rapidez sin desbordar la estructura ordinaria. Serán unidades con objetivos concretos, duración limitada y dedicación exclusiva que permitirán y garantizar que las actuaciones se desarrollan de forma intensiva y coordinada.
Además, se introducen medidas para asegurar que la participación del personal en estas unidades no perjudique su carrera profesional, garantizando la reserva de su puesto y el reconocimiento del tiempo de servicio.
Nieto ha defendido el uso del Decreto Ley para realizar estas modificaciones normativas ante la situación sobrevenida por la emergencia meteorológica que «exige una respuesta inmediata» por parte de la Administración Pública. Para ello, debe dotarse de los recursos humanos necesarios mediante «instrumentos excepcionales, proporcionados y temporales sin incrementar estructuras permanentes innecesarias ni generar duplicidades que comprometan la sostenibilidad del sistema».
El consejero ha subrayado que estas modificaciones legislativas se hacen, además, «con una visión a medio plazo no solo para afrontar la emergencia inmediata, sino para garantizar que la recuperación de los servicios públicos se produzca con eficacia y estabilidad«.
«No es modificación de índole ideológica sino una cuestión de responsabilidad con los ciudadanos afectados por la emergencia y con los profesionales públicos que están dando lo mejor de sí mismos, pero requieren también flexibilizar el sistema», ha destacado.