El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley del Patrimonio Cultural de Andalucía, una norma que, en palabras de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, «representa una reforma estratégica de la tutela del patrimonio cultural de la comunidad autónoma, que garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación y difusión de los bienes patrimoniales y vela por su adecuada protección».
La Ley del Patrimonio Cultural de Andalucía, que sustituye a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, fortalece la planificación, la protección, la gestión y la proyección internacional del patrimonio cultural andaluz, configurando un marco jurídico más coherente, participativo y adaptado a los desafíos contemporáneos surgidos en el ámbito patrimonial.
Durante su intervención, Del Pozo ha destacado que «la nueva norma es el resultado de un amplio proceso participativo que ha permitido incorporar muchas de las demandas existentes en la sociedad», por lo que ha agradecido sus aportaciones a administraciones públicas, colegios profesionales, empresas, academias, asociaciones, fundaciones, profesores universitarios y técnicos del patrimonio, entre otros.
«Todos habéis contribuido con vuestras reflexiones a elaborar la mejor Ley para la protección y la divulgación del patrimonio cultural de Andalucía», ha señalado Patricia del Pozo, quien ha hecho extensible ese agradecimiento a los grupos parlamentarios, cuyos debates «han servido para incorporar hasta 40 enmiendas, sin contar las técnicas y formales, que mejoran sustancialmente la redacción de la norma».
La norma, que consta de nueve títulos, con 166 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, concibe la protección del patrimonio como un elemento transversal de la acción pública de la Administración andaluza, integrándola en las políticas en materia de educación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medioambiente, sostenibilidad, agricultura, ganadería, desarrollo rural y turismo.
Participación ciudadana y agilización administrativa
La Ley del Patrimonio Cultural mejora la participación ciudadana incorporando, entre otros agentes, a los colegios profesionales, asociaciones y entidades, entre cuyos fines se encuentre la tutela o salvaguarda del patrimonio cultural como miembros del Consejo del Patrimonio Cultural de Andalucía. Estas entidades también participan del desarrollo de los programas previstos en el título dedicado a la investigación, difusión y educación.
Por otra parte, esta norma no crea nuevos procedimientos administrativos. No obstante, su redacción ha supuesto un enorme esfuerzo al tratar de ajustar la norma a las necesidades de agilización administrativa garantizando la conservación del patrimonio cultural. En ese contexto, se han revisado todos los procedimientos, así como la enorme casuística que los promueve, dando la respuesta más diligente posible en función de esa gran diversidad y aplicando en consecuencia el régimen de autorizaciones o de declaraciones responsables según sea el caso. En paralelo a ello, se refuerza la regulación de la actividad inspectora, se actualizan los tipos de infracciones, se modulan los importes de las mismas y sus plazos de prescripción.
También se mejora todo el régimen jurídico y, en concreto, el sistema de protección del patrimonio cultural, incorporándose dos nuevas categorías de protección: los paisajes y las vías culturales, creándose el Sistema de Información del Patrimonio Cultural, herramienta muy demandada por la sociedad, y mejorando la estructura y procedimientos ligados al Registro General del Patrimonio Cultural de Andalucía (anteriormente denominado Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía).
Se refuerza el sector audiovisual incorporándose como nuevo patrimonio el Audiovisual, asimilando también la Filmoteca de Andalucía a los inmuebles destinados a Museos, Archivos y Bibliotecas como Bien de Interés Cultural. La nueva norma incorpora las más modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial, del patrimonio industrial y actualiza la regulación del patrimonio arqueológico terrestre y subacuático.
Otras novedades son la incorporación de la regulación administrativa de las iniciativas aspirantes de las Listas del Patrimonio Mundial y del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad e introduce un título completo dedicado a la investigación, difusión y educación del patrimonio cultural, pues constituyen uno de elementos básicos y esenciales en la tutela patrimonial. También se redefinen las instituciones del patrimonio cultural, incorporando nuevas figuras como las colecciones museográficas y los enclaves culturales, y se ordenan, actualizan y sistematizan las distintas medidas de fomento que pueden implementarse en el ámbito del patrimonio cultural.
Al debate final de la Ley en el Parlamento andaluz han asistido representantes de algunas de las entidades que han participado con sus aportaciones en la elaboración de la norma, como la Asociación Profesional Española de Historiadoras e Historiadores del Arte (APROHA), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), el Consejo Andaluz de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Andalucía (CODOLI), la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (GAESCO), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación Andaluza de Antropólogos (ASANA).