El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en uno de los grandes debates regulatorios de la era digital. Un reciente análisis elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), examina cómo distintos países están comenzando a adoptar medidas para limitar la presencia de menores en estas plataformas.
El caso más significativo es el de Australia, que se ha convertido en el primer país del mundo en aplicar una prohibición generalizada del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La normativa, aprobada en 2024 y en vigor desde el 10 de diciembre de 2025, no penaliza a los propios menores ni a sus tutores, sino que traslada la responsabilidad de cumplimiento a las plataformas. Estas deben tomar “medidas razonables” para impedir que menores de 16 años dispongan de cuentas en redes sociales obligándolas a impedir la creación o el mantenimiento de cuentas de menores mediante sistemas de verificación de edad.
La medida afecta a servicios ampliamente utilizados por jóvenes como YouTube, X, Instagram, TikTok, Facebook o Snapchat, entre otros. Las empresas que no cumplan con la obligación de restringir el acceso pueden enfrentarse a sanciones económicas que alcanzan los 49,5 millones de dólares australianos (unos 28 millones de euros). Los primeros datos reflejan ya el alcance de la decisión. Según cifras oficiales, cerca de 4,7 millones de cuentas asociadas a menores de 16 años han sido bloqueadas o restringidas desde la entrada en vigor de la norma, lo que evidencia el impacto de esta política pionera. De forma específica el caso de Meta quien informó de la eliminación de más de 540.000 cuentas en sus plataformas Facebook, Instagram y Threads. Estos datos señalan que las compañías están cooperando con el cumplimiento de la ley, aunque el desarrollo de sistemas efectivos de verificación de edad sigue siendo un proceso que debe consolidarse.
Un debate que se extiende por Europa
La experiencia australiana ha actuado como catalizador de un debate que ha adquirido una intensidad creciente en el panorama europeo durante los últimos meses, donde gobiernos y parlamentos analizan fórmulas para reforzar la protección de los menores frente a los riesgos del entorno digital.
En Francia, la Asamblea Nacional ha dado ya el primer paso al aprobar en primera lectura una ley que establecería la prohibición del uso de redes sociales con previsión de entrada en vigor a partir del curso escolar de 2026. A diferencia del modelo australiano —que fija el umbral en los 16 años—, la normativa francesa establece la edad mínima en 15 años. El legislador francés prevé apoyarse en mecanismos de verificación ya implementados en el país para restringir el acceso de menores a contenidos pornográficos y a plataformas de apuestas. No obstante, durante el debate parlamentario se han reconocido los desafíos técnicos asociados a la verificación de edad, incluidos los riesgos de elusión mediante el uso de VPN u otros mecanismos.
A esta tendencia se suman otros países como Italia, Portugal, Dinamarca o el Reino Unido, donde se estudian iniciativas con distintos modelos regulatorios y umbrales de edad que oscilan entre los 14 y los 16 años.
En España, el Gobierno ha anunciado su intención de avanzar hacia un modelo similar, fijando en 16 años la edad mínima para acceder a estas plataformas dentro de un paquete legislativo destinado a reforzar la protección de los derechos en el entorno digital. Según fuentes gubernamentales, esta medida se implementará, a través de una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores en los entornos digitales, que está actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Los desafíos de una regulación global
Sin embargo, la aplicación de estas medidas plantea también importantes interrogantes técnicos y jurídicos. El análisis señala que la verificación efectiva de la edad continúa siendo uno de los principales retos, especialmente cuando implica el uso de documentos de identidad o tecnologías biométricas que pueden suscitar preocupaciones en materia de privacidad.
Además, las primeras experiencias regulatorias apuntan a posibles vías de evasión por parte de los menores, como el uso de redes privadas virtuales (VPN) para simular ubicaciones en otros países o el desplazamiento hacia plataformas digitales no incluidas en las restricciones. También se ha detectado una posible migración de los menores hacia servicios de mensajería y videojuegos con interacción social.
En este contexto, el Consejo Audiovisual de Andalucía subraya la importancia de analizar las experiencias internacionales para anticipar los efectos de estas políticas y contribuir al debate sobre cómo proteger a la infancia y la adolescencia en un ecosistema digital en constante transformación.