Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Defensor del Pueblo Andaluz se suma al llamamiento internacional de ONU Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y las niñas”. Es un mensaje esencial porque recuerda que la igualdad no se mide solo por principios proclamados, sino por los derechos que se ejercen y por las vidas que mejoran. Y porque nos obliga a mirar, con rigor, las brechas que persisten: en el acceso a oportunidades, en la corresponsabilidad de los cuidados, en la autonomía económica, en la vivienda y en la participación plena en la vida social, cultural y política.
Hablar de derechos y justicia es hablar de garantías: de leyes que protegen, de instituciones que responden y de administraciones que facilitan, no que complican. La experiencia de esta Defensoría confirma que la desigualdad se agrava cuando la ciudadanía tropieza con barreras administrativas, como plazos que se incumplen, requisitos desproporcionados, atención inaccesible o excesivamente automatizada. Por eso, el enfoque “Derechos. Justicia. Acción” es también una exigencia de buena administración: una igualdad real necesita procedimientos comprensibles, atención humana y resoluciones en plazo, especialmente cuando hay menores, pobreza o situaciones de especial vulnerabilidad.
Esta desigualdad estructural nos obliga a reforzar políticas que pongan en el centro la vida cotidiana: el tiempo de cuidados, el empleo digno, la formación, la vivienda asequible y la protección social efectiva. En este marco, la violencia contra las mujeres no puede ocupar un lugar secundario en la acción pública. Porque la violencia machista es, ante todo, una negación radical de derechos y una quiebra de la justicia. En 2025, 14 mujeres fallecieron por violencia de género en Andalucía, y este 2026 ya han sido asesinadas tres a manos de sus parejas o ex parejas, unas cifras intolerables que exigen perseverancia en prevención, protección y reparación, garantizando atención integral y evitando la revictimización.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz reafirma su compromiso con una agenda concreta, orientada a resultados:
• Derechos: remover obstáculos que limitan la igualdad en el empleo, en la vivienda, en los cuidados y en el acceso a prestaciones, con especial atención a niñas y adolescentes y a mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.
• Justicia: reforzar servicios públicos accesibles y coordinados, con procedimientos claros y plazos razonables, para que la igualdad no dependa de la capacidad de “navegar” por la administración.
• Acción: impulsar medidas efectivas y evaluables —también en prevención de violencias— y asegurar que lleguen a tiempo, donde más se necesitan, con cooperación entre administraciones y con el tejido social.
Este 8 de marzo de 2026 es, por tanto, una llamada a sostener los avances y a acelerar los cambios pendientes: una Andalucía con derechos efectivos, justicia igualitaria y acción pública constante para todas las mujeres y niñas, sin excepciones.