Sevilla Activa tasa los inmuebles en el precio de coste que tuvo la construcción de los inmuebles, hace 20 años, con el objetivo de aportar estabilidad a los adjudicatarios
Sevilla Activa, entidad pública de la Diputación de Sevilla, ha puesto en marcha en Castilblanco de los Arroyos una actuación que ofrece a veinte familias la oportunidad de comprar los hogares que habitan desde hace años en régimen de alquiler.
Sevilla Activa está especializada en políticas de vivienda con enfoque social. La iniciativa en Castilblanco de los Arroyos permite a las familias consolidar su estabilidad residencial y acceder, por primera vez, a la posibilidad de convertirse en propietarias de sus viviendas.
Las viviendas, promovidas en su día como protección oficial en suelos cedidos por el Ayuntamiento y adjudicadas a través de los registros municipales del municipio, fueron ofertadas inicialmente en régimen de alquiler. Tras más de dos décadas de residencia continuada por parte de las familias, Sevilla Activa ha articulado una solución que responde a la principal dificultad en materia de vivienda: la falta de asequibilidad.
La actuación consiste en la transformación de los contratos de alquiler en alquileres con opción de compra, una fórmula que garantiza la permanencia de las familias en sus hogares y les ofrece la posibilidad de adquirir la vivienda de manera asequible en un periodo de cinco años. De este modo, se refuerza el arraigo, se evita la salida de estas viviendas al mercado y se protege la función social del parque público residencial.
Sevilla Activa se reunió con estas familias para explicar las medidas que iban a beneficiarles. Posteriormente, se firmaron los contratos de alquiler con opción a compra. La Diputación tasa las viviendas justo en el precio de coste que tuvo su construcción hace veinte años, en este caso de Castilblanco entre 39.900 y 60.100 euros, según tengan 2, 3 o 4 dormitorios.
La Diputación de Sevilla, a través de Sevilla Activa, impulsa esta iniciativa con un objetivo exclusivamente social: garantizar el derecho a una vivienda digna, estable y accesible, especialmente para quienes han construido su proyecto de vida en estos hogares durante más de veinte años. Una actuación que refuerza la cohesión social, la permanencia de la población en los municipios y el compromiso público con soluciones habitacionales adaptadas a la realidad de la ciudadanía.