El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de las primeras promociones de Andalucía para agilizar su ejecución y puesta en marcha. El proyecto residencial Albacerrado, que prevé la construcción de 514 viviendas en Tarifa (Cádiz), de las que más de la mitad (55%) se reservarán para vivienda protegida, ha sido el primero en acogerse a esta fórmula que permite el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y la Ley de Vivienda de Andalucía.
En este sentido, el artículo 25 de la Ley de Vivienda de Andalucía contempla la inclusión en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de determinadas iniciativas residenciales. Para ello, los proyectos deben contar con al menos 250 viviendas protegidas o proyectos de más de 500 viviendas con reserva de suelo para vivienda protegida y la obligación de iniciar la construcción del 50% de las mismas en un plazo inferior a cinco años.
Esta iniciativa residencial, promovida por la entidad Investment Real Estate Tarifa, reúne estos requisitos, ya que tiene por objeto el desarrollo urbanístico del Sector ATU-TA-01 Albacerrado y la construcción de 514 viviendas, de las cuales 283 estarán destinadas a vivienda protegida, incluyendo las cesiones obligatorias al Ayuntamiento. Asimismo, al menos la mitad de las viviendas protegidas serán de régimen especial, de acuerdo con las directrices del plan de vivienda de la Junta de Andalucía (Plan Vive en Andalucía). Con ello, se refuerza el marcado carácter social del proyecto en un territorio con una elevada demanda residencial.
El proyecto constituye la primera fase de un ámbito residencial de mayor alcance, que prevé en conjunto aproximadamente mil viviendas, compartiendo infraestructuras y dotaciones, lo que refuerza el carácter estructurante de esta primera actuación. La intervención se ampara expresamente en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica el ámbito de El Guijo-Albacerrado como área de oportunidad estratégica para el desarrollo residencial, estableciendo una reserva mínima de vivienda protegida que la propuesta presentada cumple e incluso supera.
Desde el punto de vista económico y social, el proyecto supone una inversión de 131.761.659 euros y presenta un impacto significativo en la generación de empleo. Así, se estima la creación de 454 puestos de trabajo directos durante las obras de urbanización de los suelos como de la construcción de las promociones, a los que hay que sumar otros 14 empleos indirectos asociados a la ejecución del proyecto. Igualmente, tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal, favoreciendo la creación de empleo indirecto inducido y el impulso de actividades económicas vinculadas.
Además, la incorporación del proyecto de Albacerrado en la UAP impulsará, coordinará y agilizará la tramitación administrativa. La UAP acompaña a la entidad promotora hasta la puesta en marcha del proyecto, manteniéndola informada de la situación de cada trámite administrativo.
Para la consecución de este objetivo, se lleva a cabo un estudio pormenorizado del proyecto, de la normativa aplicable, de todas las autorizaciones o permisos que va a necesitar hasta su puesta en marcha y de todos los organismos implicados en la tramitación. Con todos estos datos, se elabora un exhaustivo cronograma consensuado con la entidad promotora y se afana en su cumplimiento hasta su puesta en marcha. En este sentido, es fundamental su papel en materia de simplificación administrativa y de mejora de la administración territorial.
Esta línea de asignación de proyectos residenciales en la UAP forma parte del conjunto de medidas normativas y estratégicas impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda orientadas a incrementar de manera urgente la oferta de vivienda a precios asequibles, agilizando los procedimientos urbanísticos y favoreciendo la colaboración público-privada. Entre ellas, se encuentra la aprobación del Decreto ley anteriormente citado, que ha desarrollado una serie de acciones en materia de suelo y de impulso al sector con el objetivo de contar con 20.000 nuevas viviendas protegidas en el plazo de cinco años.
Además, el pasado 24 de enero entró en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía, que se ha marcado el objetivo de aportar soluciones al reto de la vivienda sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO (con ayudas y medidas como las áreas prioritarias) e impulsar la rehabilitación, facilitar que haya más suelo, tener menos burocracia asociada a la vivienda y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios.