El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la inversión de la Junta de Andalucía de 1,4 millones de euros en materia de personal para reforzar las plantillas de los 12 partidos judiciales que han sido adaptados al nuevo modelo de tribunal de instancia en la Fase III de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2025.
Esta tercera y última fase afecta a las ocho capitales de provincia y las ciudades gaditanas de Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María y a la granadina de Motril. Se trata de los doce partidos judiciales más grandes de los 85 existentes en Andalucía, en los que trabajan más de 5.384 funcionarios dependientes de la Junta de Andalucía y en los que se han creado nuevas plazas, se han transformado puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer y se han creado nuevos puestos de jefatura que no existían en la estructura antigua.
Con la adaptación de estos doce partidos judiciales, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública culmina la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en los 85 partidos judiciales de Andalucía conforme a los plazos fijados por el Ministerio de Justicia en la norma.
Así, en julio de 2025 se adecuaron 70 partidos judiciales donde trabajan casi 4.000 funcionarios (los más pequeños con Juzgados Mixtos); en octubre se implantó la reforma en otros tres (Fuengirola, Marbella y Torremolinos, donde trabajan 370 funcionarios) que contaban con juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer; y el 31 de diciembre en los partidos judiciales más grandes, de los que dependen 55 juzgados de Paz, ahora transformados en oficinas de justicia municipales.
La nueva estructura en Sevilla, Granada y Málaga, que albergan audiencias provinciales y salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), incluye un Servicio Común General, un Servicio Común de Ejecución y tres servicios de Tramitación (uno para el Tribunal de Instancia, otro para la Audiencia y un tercero para el TSJA). Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén cuentan con un Servicio Común General, un Servicio Común de Ejecución y dos Servicios de Tramitación (uno para el Tribunal de Instancia y otro para la Audiencia Provincial). En Motril y Jerez de la Frontera hay un Servicio Común de Tramitación, un Servicio Común General y un Servicio Común de Ejecución, mientras que en El Puerto de Santa María sólo hay dos servicios comunes, el de Tramitación (que incluye la ejecución) y el Servicio Común General.
Para reordenar las plantillas conforme a estas nuevas estructuras, al igual que en los partidos judiciales adaptados en las dos primeras fases, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha negociado con los sindicatos y aprobado nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) para cada partido judicial, que incluyen nuevas plazas creadas y puestos de jefatura que antes no existían.
En concreto, se han creado doce nuevas plazas: dos en el Tribunal de Instancia de El Puerto, tres en el Registro Civil de Almería, una en el Registro Civil de Algeciras y seis en las oficinas de justicia municipales de Níjar, Vícar, Armilla, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y Mairena del Aljarafe. Además, se han incorporado 228 puestos de jefatura que antes no existían para coordinar el trabajo de las secciones y servicios comunes (218 en los tribunales de Instancia y 10 en los registros civiles). Son puestos que conllevan un complemento salarial y a los que han accedido los funcionarios a través de un concurso específico.
También se han transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer, lo que implica un complemento salarial, para reforzar el personal en estos órganos ante el incremento de carga de trabajo con las nuevas competencias sobre delitos sexuales que han asumido: tres en Almería, uno en Cádiz, dos en Algeciras, uno en Jerez, dos en Córdoba, tres en Granada. uno en Huelva, uno en Jaén, cinco en Málaga y cinco en Sevilla.
Adaptación de equipos y sedes
Sólo en personal, esta tercera fase supone un coste anual para la Junta de Andalucía de 1,4 millones de euros, a lo que hay que sumar la adaptación de los equipos y sistemas informáticos, así como las obras realizadas en varias sedes para adecuarlas a la nueva estructura de organización del personal, que requiere espacios más amplios y diáfanos. También para reforzar los medios alternativos de solución de controversias (MASC), a los que ahora hay que acudir antes de interponer una demanda civil o mercantil, si bien Andalucía se adelantó a la norma y antes de su aprobación puso en marcha medidas y servicios pioneros de mediación.
En total, la implantación de la reforma judicial en Andalucía ha supuesto un coste de 56 millones que la Junta de Andalucía ha asumido en solitario, ya que la Ley de Eficiencia aprobada por el Gobierno de España carece de memoria económica para dotar de recursos a las comunidades autónomas que han tenido que aplicarla en un tiempo récord. Así, Andalucía ha cumplido con los plazos fijados en la ley, si bien en la Conferencia Sectorial del 22 de diciembre de 2025 se acordó a propuesta del Ministerio de Justicia cierta flexibilidad para realizar ajustes durante el primer trimestre de 2026.
En dicha reunión, el Gobierno de España reconoció que Andalucía es una de las comunidades más adelantadas y donde mejor ha evolucionado el servicio en los 73 partidos judiciales transformados en las dos primeras fases donde las sentencias sin ejecutar se han reducido un 69% y los actos de comunicación pendientes un 43,8%, muy por encima de la media del resto.