La Junta de Andalucía ha desactivado el Plan de actuación territorial médico forense puesto en marcha el domingo 18 de enero tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), una vez que ya han sido entregados a sus familiares todos los cuerpos de las 45 víctimas mortales tras su identificación y correspondiente autopsia.
Un total de 27 médicos forenses de seis provincias distintas han trabajado en estas labores en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital. Inmediatamente después del accidente ya fueron movilizados los 16 profesionales del IML cordobés a los que al día siguiente se unieron tres procedentes de Granada, otros tres de Málaga, dos de Jaén y dos de Sevilla, además de la coordinadora de los IML andaluces, médico forense de Huelva.
Todos los psicólogos que prestan servicio en el IML cordobés han formado parte del dispositivo de apoyo y asistencia desplegado para los familiares, heridos y demás afectados; mientras que un equipo de la Consejería de Justicia ha estado en permanente contacto con los familiares de las víctimas para facilitar e informar de los trámites burocráticos necesarios durante todo el proceso de identificación de las víctimas y posterior entrega de los cuerpos.
Las instalaciones del IML tienen capacidad para albergar 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes y aunque finalmente no ha sido necesario, se adoptaron medidas para habilitar espacio para albergar hasta 61 cadáveres.
El Centro de Integración de Datos, recogido en el Plan de actuación médico forense del Instituto de Medicina Legal en caso de suceso con múltiples víctimas, se ha establecido también en la Ciudad de la Justicia, bajo la coordinación del director del mismo director del IML.
Refuerzo del tribunal de Montoro
Asimismo, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha reforzado los medios humanos y materiales del Tribunal de Instancia de Montoro, también en la provincia de Córdoba, encargado de la investigación judicial del caso.
En concreto, se han nombrado dos funcionarios de refuerzo (un gestor procesal y un tramitador) mientras que, de forma temporal, dos funcionarios del Servicio de Tramitación prestan apoyo al Registro Civil mediante sendas comisiones de servicio sin relevación de funciones. También se han autorizado horas extras al personal de la Oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero y durante 30 días con posibilidad de prórroga si fuera necesario.
En cuanto a los medios materiales, se han remitido dos impresoras adicionales al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha creado una cuenta de correo específica para esta causa, ante el elevado volumen de documentación que se prevé gestionar. Además, la Delegación Territorial de la Consejería en Córdoba está en permanente colaboración con el tribunal de instancia para atender aquellas necesidades materiales y de personal que puedan surgir durante la instrucción de la causa.