La Institución se dirige a una docena de ayuntamientos jiennenses para recabar datos sobre plazas de albergue, recursos sociales, financiación y medidas para prevenir el sinhogarismo y la exclusión durante la campaña
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una docena de actuaciones de oficio para conocer y analizar la atención residencial y social a las personas temporeras que se desplazan a la provincia de Jaén con motivo de las campañas de recogida de aceituna.
En este sentido, el Defensor ha enviado requerimientos de información a una docena de municipios con especial incidencia de estos flujos: estos son Jaén, Úbeda, Andújar, Baeza, Torredelcampo, Villanueva del Arzobispo, Torredonjimeno, Mancha Real, Villatorres, Martos, Alcalá la Real y Villacarrillo. La actuación se impulsa ante la persistencia de dificultades para acceder a alojamiento digno, especialmente entre quienes llegan sin contratación previa o no logran incorporarse a cuadrillas, viéndose abocados a soluciones precarias (hacinamiento en viviendas, estancias limitadas en albergues o pernocta en la calle y espacios no habilitados).
La Institución recuerda que esta problemática ha sido objeto de atención continuada en sus informes al Parlamento de Andalucía, incluyendo recomendaciones específicas desde el Informe Especial de 2001 sobre la recolección de aceituna en Jaén, así como actuaciones posteriores (entre ellas, durante la pandemia) que pusieron de relieve la relevancia de la red de albergues y de los dispositivos de apoyo social y sanitario.
En los últimos meses se han recibido informaciones sobre insuficiencia de recursos, retrasos en la apertura de albergues y un impacto social añadido: la aparición de discursos estigmatizantes hacia la población migrante vinculados a situaciones de calle y precariedad.
La Institución subraya la necesidad de abordar el fenómeno desde la planificación, coordinación y financiación suficiente, con enfoque de derechos y convivencia. Información solicitada a los ayuntamientos
Al amparo de la normativa reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se ha requerido a los municipios información sobre, entre otras cuestiones:
· Estimación de temporeros desplazados, cuántos podrían encontrarse en situación de sinhogarismo y necesidades detectadas.
· Recursos habitacionales disponibles (públicos y/o alternativas) y valoración de su suficiencia.
· Datos del albergue municipal: número de plazas, servicios, días máximos de estancia y periodos de apertura/cierre en 2023/2024 y 2024/2025.
· Para la campaña 2025/2026: detección de personas en calle, medidas de atención, presupuesto, fuentes de financiación y si los recursos resultan adecuados para cubrir las necesidades.
· Capacidad de los servicios sociales municipales y colaboración con entidades del tercer sector, así como órganos o espacios de coordinación y seguimiento de la campaña.
El Defensor del Pueblo Andaluz trasladará las conclusiones de esta actuación a las administraciones competentes, con el objetivo de prevenir situaciones de exclusión y garantizar condiciones dignas para quienes sostienen una actividad esencial para la economía andaluza, reforzando al mismo tiempo la convivencia y la igualdad de derechos en los municipios que acogen la campaña.