El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido “la utilidad de la política” y la necesidad de trabajar para ofrecer soluciones a los problemas que “realmente preocupan y ocupan a la gente” como una de las claves para combatir la desafección de algunos sectores hacia sus representantes públicos y las instituciones.
Así lo ha señalado durante su participación en el Encuentro Informativo ‘Sevilla, 107 razones’, un espacio de reflexión organizado por el diario La Razón y celebrado en la Fundación Cajasol. En un momento en el que se avanza hacia el ecuador del mandato en la Diputación, Fernández ha insistido en que ese concepto de utilidad y de ser útiles para los vecinos de Sevilla es una máxima para el equipo de gobierno y se materializa en programas que ya comienzan a ser una realidad, como el de la vivienda pública, una de las novedades.
“Una de nuestras principales tareas como responsables públicos es captar las preocupaciones de la gente y en todas las encuestas la vivienda se sitúa como la principal. El mercado, tal y como está, ha expulsado a una parte muy importante de la población: la gente joven y la gente vulnerable. Aunque haya vivienda en el mercado, es solo accesible para una determinada capacidad económica”, ha explicado.
En este sentido, ha señalado que desde la Diputación se defiende que una VPO no puede superar los 115.000 euros en venta ni los 350 euros al mes en régimen de alquiler. “Ese proyecto te lo devuelve un empresario, porque no le salen los números, pero para eso están las administraciones públicas”, ha subrayado.
Partiendo de este planteamiento, ha recordado que ya son 32 los municipios que trabajan en los proyectos para construir 1.500 viviendas. La Diputación ha aportado a cada ayuntamiento 50.000 euros por inmueble en régimen de venta; y el 50% de la financiación en aquellos casos que el modelo elegido es el alquiler.
Por otro lado, Fernández ha señalado que la segunda gran línea de actuación de la Diputación en materia de vivienda es el proyecto de Cortijo de Cuarto, basado en la colaboración público-privada. Asimismo, ha defendido la necesidad de impulsar un “urbanismo público”. “Teníamos que haber trabajado en más incorporaciones en los PGOU de suelo público para complementar al sector privado”, ha afirmado. “Si construimos un marco común publico-privado y privado-público, podemos encontrar un encaje que permita a la sociedad contar con una oferta amplia, financiada con recursos públicos”.
LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA LOCAL
El presidente de la Diputación ha defendido que es en la política local, la que practican los alcaldes y alcaldesas, donde mejor se plasma ese concepto de utilidad que, junto a la cercanía, la dedencia y la capacidad de trabajo, son cualidades que debe tener un responsable público.
“Los alcaldes y alcaldesas son el verdadero valor, la energía y la gasolina de la democracia local. Trabajan para cambiar la vida a la gente de sus pueblos, buscando oportunidades y siempre con una doble perspectiva: la global y la local”. La global, porque afecta a los proyectos municipales y a sus sectores productivos, y la local, “porque a un vecino que acude a su ayuntamiento con un problema no se le puede sacar la Ley de Bases de Régimen Local o decirle que esto es de la Junta, de la Confederación o de Correos”, ha ejemplificado.
Al hilo de esta realidad, ha destacado el papel esencial que desempeña la Diputación de Sevilla para la mayoría de los municipios. “Es un factor corrector y un factor palanca, un motor y una de las instituciones más importantes de todas las que operan en el territorio sevillano”, ha señalado, recordando que la institución cuenta en 2026 con un presupuesto de 656 millones de euros, casi 2 millones de euros al día, orientados a dos grandes objetivos: aportar ese dinero a los pueblos desde la autonomía local y desarrollar “políticas de costuras”, para coser y cohesionar el territorio.
No obstante, a preguntas de los periodistas José Lugo y Juan Carlos Blanco ha vuelto a defender la necesidad de revisar la financiación local. “El debate de la financiación de las administraciones públicas debe terminar con la revisión de la financiación local, porque los ayuntamientos están cargados de competencias y no tienen la financiación adecuada”.
En este sentido, ha reclamado que una mayor participación en la financiación estatal, pero que también es clave la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma): “Lleva demasiado tiempo congelada”. “Se está incumpliendo la ley, que establece que, a mayores ingresos de la comunidad autónoma, mayor debe ser el reparto entre los municipios para su día a día, con la particularidad de que estos fondos son incondicionados”, ha explicado.
“Los ayuntamientos necesitan financiar servicios públicos de primera necesidad, como el mantenimiento de centros escolares, políticas de servicios sociales que se quedan cortas y de mantenimiento de la escena urbana donde no acabamos de llegar. No pueden depender de la coyuntura económica: cuando la construcción va bien, se reciben muchos recursos que permiten activar medidas momentáneamente, pero si llega una recesión esos ingresos desaparecen”.
“Para tener gastos de estructura, es necesario contar con ingresos de estructura. Los ingresos por una coyuntura concreta solamente deben valer para inversiones”, ha concluido.
Tras la entrevista con Javier Fernández, el Encuentro Informativo ‘Sevilla, 107 razones’ ha continuado con una mesa de debate, en la que han participado las alcaldesas de Aznalcázar, Manuela Cabello; Alcalá de Guadaíra, Isabel Jiménez; y el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle.