El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado que el planteamiento y la gestión sobre la propuesta del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno central -en el contexto de las movilizaciones convocadas por determinadas organizaciones sindicales- “no han respondido, hasta la fecha, a los estándares de colaboración que deberían presidir una reforma de esta envergadura”.
En una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, el consejero asegura que “no es razonable avanzar de manera unilateral, cerrar preacuerdos parciales o excluir a colectivos relevantes del proceso para, posteriormente, trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una negociación incompleta y carente de los informes preceptivos”.
Por este motivo, “desde Andalucía instamos a la ministra Mónica García a reconducir el proceso, garantizando una negociación real e inclusiva, en la que estén presentes todos los actores implicados, incluidos los representantes del colectivo médico, y en la que las propuestas se aborden con sensibilidad, rigor técnico y transparencia“. Desde Andalucía, ha añadido, “queremos dejar claro que defendemos la mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, sin distinción alguna”. Por ese motivo, ha asegurado, “rechazamos que el Estatuto Marco se utilice como un elemento de confrontación, ya sea entre colectivos profesionales, entre administraciones o incluso dentro del propio Gobierno de España”.
En la misiva, Antonio Sanz ha subrayado que la difusión pública del escrito “de manera prácticamente simultánea a su remisión a las comunidades autónomas, sin margen para su análisis previo ni para un contraste conjunto, no contribuye precisamente a reforzar un clima de confianza entre administraciones“.
En este sentido, ha lamentado que la ministra de Sanidad haya destacado el “papel determinante” en la negociación del nuevo Estatuto Marco cuando la realidad “ha sido bien distinta”. Al respecto, el consejero ha recordado en su carta que, desde que Mónica García asumiera la cartera de Sanidad, “los distintos borradores han sido conocidos, en muchos casos, a través de anuncios públicos o informaciones difundidas en medios y redes sociales, y no mediante los cauces formales de diálogo institucional que resultan exigibles“.
Antonio Sanz ha denunciado también la necesidad de que “cualquier propuesta debe venir acompañada de su correspondiente memoria técnica, jurídica y económica y a día de hoy, y pese a haberlas solicitado reiteradamente, no consta que dichas memorias hayan sido facilitadas”. Tal y como ha recordado, “fue precisamente en un Consejo Interterritorial celebrado en julio del año pasado cuando las comunidades autónomas propusimos retomar un trabajo técnico serio y ordenado” y la necesidad de contar con dichas memorias. En este sentido, ha asegurado, “las comunidades autónomas estamos dispuestas a analizar todas las iniciativas que se planteen, siempre que vayan acompañadas de las memorias técnicas, jurídicas y económicas necesarias y que se articulen de forma coordinada con los Ministerios de Sanidad, Hacienda y Función Pública, cuyas competencias resultan directamente afectadas”.
El impacto directo de estas medidas sobre la planificación de recursos humanos, la gestión de los servicios de salud y la financiación autonómica, ha asegurado Antonio Sanz, “exige un enfoque integral y corresponsable“.
Por último, Antonio Sanz ha mostrado su sorpresa por que la ministra afirme ahora que determinadas reivindicaciones del colectivo médico “exceden el ámbito propio del Estatuto Marco, cuando desde el propio Ministerio se han anunciado públicamente medidas que inciden de lleno en competencias autonómicas relacionadas con la organización del trabajo, las retribuciones o los modelos de negociación colectiva”. No parece “coherente”, ha afirmado, “trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de abordar cuestiones que no han sido tratadas con el rigor necesario en el proceso negociador impulsado por el Ministerio”.
Las comunidades autónomas, ha concluido Antonio Sanz en su carta, “no podemos asumir responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas sin el necesario consenso, ni de un proceso que ha generado incertidumbre y tensión en el conjunto del sistema sanitario”. No obstante, ha añadido, desde Andalucía “estamos dispuestos a continuar trabajando desde el diálogo y la cooperación institucional, en un marco de respeto a las competencias de cada administración, con transparencia, rigor técnico y una adecuada corresponsabilidad financiera, condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de una reforma como la del Estatuto Marco”.