El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto para la contratación por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de 85 plazas de acogimiento residencial para menores que se encuentren bajo la protección de la Junta de Andalucía, en la modalidad de intervención terapéutica en problemas de conducta con un importe total que asciende a 12,3 millones de euros.
Las plazas se distribuyen en cinco lotes, con 24 plazas para Almería; 16 plazas para Cádiz; 24 plazas para Córdoba y 22 para la provincia de Málaga. El contrato tendrá una ejecución de 24 meses, con inicio previsto el 1 de abril de 2026, y el gasto se distribuirá en tres anualidades, hasta alcanzar el importe total autorizado.
El servicio, que se prestará mediante concierto social, se desarrollará en centros de protección de menores especializados, que aplican programas de intervención terapéutica dirigido a menores tutelados con graves problemas de conducta como disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceros, siempre que así lo justifiquen sus necesidades de protección y lo determine una valoración psicológica especializada.
Estos centros tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores, proporcionando una intervención especializada tendente a normalizar su conducta y favorecer su integración social. Además, tienen carácter regional y un mayor grado de especialización atendiendo a problemas específicos de salud mental consecuencia de la grave adversidad sufrida por estos menores y que exceden las posibilidades de intervención en los recursos de intervención terapéutica en problemas de conducta de ámbito provincial.
El acogimiento residencial en estos centros, que deberá ser autorizado por el juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro, se realizará exclusivamente cuando no sea posible la intervención a través de otro recurso de protección. Su finalidad es ofrecer al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea posible y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, todo ello en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un proyecto educativo.
