Andalucía ha dejado atrás el modelo de “usar y tirar”. Lo que durante décadas fue el patrón predominante de consumo y producción está dando paso, en toda la comunidad, a una economía circular sólida, con instrumentos normativos avanzados, inversiones históricas y proyectos concretos en marcha en cada provincia.
El cambio de paradigma ya se percibe en el día a día de la gestión pública de la Junta de Andalucía. Contenedores adaptados para la recogida separada de biorresiduos, nuevas plantas de tratamiento, puntos limpios de última generación, sistemas de recogida más eficientes y una apuesta decidida por reducir la generación de residuos en origen. Todo ello está alineado con un objetivo común: construir una Andalucía más moderna, competitiva y respetuosa con su entorno.
Este proceso de transformación tiene un marco normativo pionero: la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023, la primera en España que aborda la circularidad desde un enfoque global y transversal. “La economía circular es hoy una política de Estado en Andalucía. Hemos creado un marco legal propio que impulsa el reciclaje o la reutilización, a la vez que redefine nuestra manera de producir, consumir y gestionar los recursos”, explica la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado.
La Ley andaluza, con 94 artículos, establece medidas específicas para reducir el desperdicio alimentario, prolongar la vida útil de los productos y promover el ‘derecho a reparar’. Además, introduce herramientas innovadoras como una oficina de economía circular, un registro público de análisis de ciclo de vida o la promoción de la simbiosis industrial.
“El carácter transversal de la Ley hace que implique a todas las Consejerías, a las administraciones locales, al tejido empresarial y, por supuesto, a la ciudadanía. Es un proyecto colectivo”, destaca Jiménez Parrado. Andalucía, de hecho, se ha anticipado a la futura Ley Europea de Economía Circular prevista para 2026, situándose como referente en este ámbito dentro del territorio nacional.
La Junta de Andalucía ha respaldado esta transición con una inversión pública sin precedentes. En los últimos años se han movilizado más de 217 millones de euros para avanzar en la gestión eficiente de residuos y favorecer la transición hacia un modelo circular. De esa cantidad, 146,56 millones de euros se han destinado directamente a subvenciones a los ayuntamientos, claves en la recogida separada y el cumplimiento de la normativa europea. Con estas ayudas se ha apoyado la implantación de la recogida separada de biorresiduos (52 millones), se ha respaldado la construcción y adaptación de instalaciones de tratamiento de biorresiduos (72 millones) y se ha auxiliado la mejora tecnológica de plantas de tratamiento mecánico-biológico (21 millones).
El resto de la inversión ha permitido la ejecución de proyectos estratégicos como el Plan de Puntos Limpios de Andalucía, con una dotación de 7 millones de euros, o el Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos, dotado con 4 millones. A ello se suman otras líneas de ayuda específicas para adquisición de vehículos adaptados para la recogida de biorresiduos (10 millones de euros) y para construcción y adaptación de instalaciones de tratamiento de biorresiduos (36 millones), entre otras. Todo este esfuerzo suma una inversión global de 166 millones de euros, orientada a garantizar que todos los municipios andaluces —independientemente de su tamaño o localización— puedan cumplir con los exigentes objetivos ambientales marcados por la Unión Europea.
Una Andalucía circular desde lo local
Uno de los ejes de acción de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha sido el impulso de los Planes Locales de Economía Circular. Para facilitar su elaboración, se ha editado una Guía de Apoyo dirigida a los ayuntamientos y se han programado subvenciones por valor de más de tres millones de euros. “La economía circular no será una realidad sin la implicación decidida de los municipios. Por eso les estamos acompañando con herramientas prácticas, formación y financiación directa”, subraya la directora general.
Asimismo, Andalucía participa como socio en el proyecto europeo Interreg Circular Minds, junto a países como Portugal, Países Bajos o Finlandia. Esta iniciativa promueve la incorporación de criterios de circularidad en la contratación pública, a través del intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre entidades locales.
La Ley de Economía Circular también ha colocado a la ciudadanía en el centro del cambio. Campañas de sensibilización, acciones en centros educativos, incentivos al consumo responsable y mecanismos de fiscalización municipal están contribuyendo a fomentar nuevos hábitos. El objetivo es claro: reducir residuos desde el origen, mejorar la separación en origen y garantizar una gestión más justa, eficiente y respetuosa con el entorno. “El papel de la ciudadanía es crucial. Ninguna política pública será eficaz si no se acompaña de una concienciación real en los hogares, en los comercios, en las comunidades”, concluye la directora general.