El Consejo de Gobierno ha autorizado la sustitución de los contratos de arrendamiento vigentes de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa) por un arrendamiento que maximizará la eficacia y eficiencia y permitirá un importante ahorro en las arcas públicas. De hecho, tras esta autorización, la Junta de Andalucía incrementará el ahorro en alquileres de edificios públicos en 4,5 millones de euros al año.
Con este acuerdo culmina, en el marco de la Auditoria del Sector Público Andaluz, la reconfiguración de Epgasa y se pone fin de forma definitiva a la operación de Sale & Leaseback que la entidad contrajo en el año 2010, cuando la Junta de Andalucía vendió ocho edificios en dos operaciones a su propia empresa pública para obtener liquidez inmediata sin incrementar el endeudamiento. Los edificios se vendieron por 93 millones de euros y se volvieron a alquilar a la propia Junta de Andalucía a precio de mercado.
Los edificios afectados por la operación se encuentran en Sevilla, Málaga y Huelva. En concreto, en Sevilla se trata de los edificios de Plaza Nueva números 4 y 5; calle Seda nave 5, calle Castelar número 22, y avenida de La Palmera número 41. En Málaga, de los inmuebles de la avenida de la Aurora número 47 y de la calle compositor Lehmberg número 22; y, en Huelva, del número 4 de la calle Mora Claros y del número 4 de la calle Los Mozárabes. En estos edificios trabajan unos 2.500 empleados públicos.
La operación es un paso más en el Plan de Reestructuración de Edificios Públicos que lleva a cabo la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para poner en valor todos los inmuebles y bienes de la Junta de Andalucía infrautilizados o en desuso, al tiempo que se busca el máximo ahorro en alquileres de sedes públicas.
Además, éste no es el único ejemplo de esta clase de operaciones dirigidas a obtener liquidez inmediata realizadas por los gobiernos anteriores. En 2014, la Junta de Andalucía vendió 70 inmuebles a un fondo inversor por los que recibió 300 millones de euros, pero en el que se obligaba a abonar 700 millones de euros hasta 2035. En 2023, dentro de la estrategia de ahorro y puesta en valor del patrimonio público andaluz, la Junta de Andalucía recompró los 70 inmuebles, lo que supuso un ahorro de unos 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones, poniendo fin al contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de los edificios.
