La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública culminará en tiempo y forma la implantación de la reforma judicial impuesta por el Gobierno con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor el 31 de diciembre en las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y Motril (Granada). Así lo ha expuesto el consejero, José Antonio Nieto, en la Conferencia Sectorial celebrada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia para analizar el desarrollo de este “cambio profundo” que “Andalucía ha demostrado que tiene compromiso y capacidad para asumir”. De hecho, el propio ministro ha reconocido en la reunión que “es una de las comunidades más adelantadas y donde mejor ha evolucionado el servicio” en los 73 partidos judiciales ya adaptados al modelo de tribunales de instancia.
Así, la Junta de Andalucía no ha solicitado un aplazamiento sobre el exigente calendario fijado en la ley, que recoge que a 31 de diciembre debe estar completada la tercera y última fase de la reforma, que afecta a los partidos judiciales de mayor tamaño. En el caso de Andalucía, son 12 partidos judiciales en los que trabajan alrededor de 5.000 funcionarios. En total, en un año serán 85 los partidos judiciales adecuados a la reforma estatal, con la reorganización de 9.000 funcionarios y la adaptación de edificios y equipamientos informáticos, lo que supondrá una inversión total de 56 millones de euros para las arcas andaluzas, ya que “no nos han llegado recursos del Ministerio”.
En el caso de los 12 partidos judiciales en los que la ley entrará en vigor el 31 de diciembre, el consejero ha explicado que ya se terminó el proceso de acoplamiento para asignar a sus nuevos puestos a los 5.000 funcionarios de estos 12 partidos judiciales. La nueva estructura supone transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, órganos colegiados donde los gestores, tramitadores y auxilios judiciales ya no trabajarán para un juez y un juzgado concreto, sino en secciones y servicios comunes, con estructuras flexibles que requieren también nuevos puestos de jefatura para su coordinación.
En la Conferencia Sectorial el Ministerio ha destacado que Andalucía es la comunidad donde más se ha reducido la pendencia en los actos de comunicación, un 43,8% por encima del 36% de la media de las comunidades y, sobre todo, en la ejecución de sentencias, un 69%, más del doble de la media (30%).
Para esta tercera y última fase, se han ampliado las plantillas con 12 nuevas plazas, se han creado 228 puestos de jefatura y transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer para reforzar estas secciones que, con la ley, asumen las competencias sobre los delitos sexuales. En total, en toda Andalucía las plantillas se han ampliado con un centenar de nuevas plazas.
Una vez realizado el acoplamiento del personal, la Consejería trabaja para que el 31 de diciembre los tribunales de instancia operen en toda Andalucía, por lo que “afortunadamente no necesita” solicitar un aplazamiento que sí han pedido otras comunidades”. No obstante, la Junta ha votado a favor de este aplazamiento para que se pueda aplicar en los territorios que así lo han solicitado.
Además, se ha acordado a propuesta del Ministerio “una interpretación flexible” que permite una “adaptación paulatina y sensata a la Ley”. Así, habrá un margen hasta el 21 de marzo para que se puedan hacer ajustes, ya que el Consejo General del Poder Judicial tiene que aprobar en los primeros meses de 2026 “los dos reglamentos más importantes que faltan”.
Nieto ha agradecido la “disposición de todos los operadores jurídicos” para afrontar “un reto de esta dimensión” en el que “hemos huido de la confrontación, aunque nos hubiera gustado contar con más colaboración y recursos” por parte del Ministerio así como más reuniones de coordinación, ya que la última Conferencia Sectorial se celebró precisamente en Córdoba en noviembre de 2024 y no ha habido más reuniones “en un año tan trascendental” para la Justicia con la reforma, que fue publicada por el Ministerio el 2 de enero de 2025 sin negociación con las comunidades.