Nosotros, la comunidad universitaria, le exigimos al Gobierno andaluz que cumpla sus obligaciones y compromisos financieros con el Sistema Universitario Público Andaluz. El modelo de financiación vigente, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hace ahora más de dos años, se ha incumplido sistemáticamente durante los años 2024 y 2025.
En ninguno de los dos años de aplicación del modelo se ha cumplido con lo establecido en la cláusula de salvaguarda, que obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior, y a incrementarla con el importe correspondiente a la subida de las retribuciones del personal del sector público. En este sentido, entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5% de la subida salarial del 2024 y, asimismo, sigue sin llevarse a cabo la actualización del Capítulo II, como también exige el modelo.
Por otra parte, en el segundo reparto de 2025, la financiación destinada al pago de conceptos retributivos, por un importe de más de 37 millones, se transfiere como proyectos estratégicos, no consolidables. Sin embargo, el pago de retribuciones siempre debe ser consolidable para ejercicios futuros, tal y como reconoce el modelo.
Francisco Oliva y Juan Manuel Moreno en la Apertura del Curso 2025/26
Además, todos estos incumplimientos se ven agravados por la negativa recurrente de la Administración autonómica al abono de las cantidades necesarias para la aplicación íntegra de los acuerdos suscritos en Sevilla y en Jaén, por el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, y por el presidente de la Junta de Andalucía respectivamente.
Estos acuerdos, para la creación de nuevos complementos retributivos del personal suponen un justo reconocimiento al excelente trabajo que realizan nuestro profesorado y nuestro personal técnico, de gestión y de administración y servicios. En este sentido, el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para afrontar el pago de dichos complementos, ya que ni siquiera se han incluido los elevados costes de las cotizaciones sociales que se derivan de su aplicación. Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica.
A todo lo anterior se suma una práctica poco compatible con la buena gestión de los recursos públicos, que es la autorización in extremis del gasto de los 20 millones provenientes de los remanentes no afectados de las universidades previstos anualmente. Una autorización que llegó por parte de la Administración autonómica en el mes de diciembre en el caso de 2024, casi al cierre del ejercicio, y que aún no ha llegado a pocos días de finalizar 2025. Esta situación hace prácticamente imposible o muy arriesgado el uso efectivo de dichos remanentes, que, además, son insuficientes como plan plurianual de infraestructuras.
Asimismo, reivindicamos la consolidación y el refuerzo de la partida de nivelación prevista en el propio modelo de financiación, cuya activación en el presente ejercicio valoramos positivamente, pero que resulta claramente insuficiente en su dotación económica. Esta partida fue concebida expresamente para corregir de forma progresiva las desigualdades históricas existentes en la financiación entre las distintas universidades públicas andaluzas. Su carácter no consolidado y su escasa cuantía limitan gravemente su eficacia, por todo lo cual exigimos que la Junta de Andalucía garantice su consolidación en el tiempo y una dotación económica suficiente, con criterios objetivos, transparentes y estables, para avanzar hacia un sistema universitario público cohesionado, equilibrado y verdaderamente equitativo.
La principal reivindicación de las universidades públicas andaluzas es, no obstante, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que establece la obligación de garantizar una financiación basal suficiente. En particular, el artículo 55 de la LOSU dispone que dicha financiación deberá cubrir, al menos, los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, transferencia del conocimiento e innovación. El incumplimiento de este mandato legal, de carácter básico y vinculante, sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente.
Por último, le reclamamos al presidente de la Junta de Andalucía que cumpla con la palabra dada en sede universitaria, donde se comprometió a añadir a sus obligaciones emanadas del modelo de financiación, y a sus compromisos suscritos en Sevilla y Jaén, otros 16 millones de euros destinados a sostenibilidad y digitalización de las universidades. Una partida adicional que ahora desaparece del reparto efectuado por parte de la Junta de Andalucía.
Las universidades públicas prestamos un servicio estratégico a la sociedad andaluza, sin el cual se reducirían de forma dramática nuestros niveles de desarrollo económico y social. En nuestros campus se forma, en igualdad de oportunidades, a las próximas generaciones de andaluces y andaluzas, y se produce nuevo conocimiento que después se transfiere a las empresas e instituciones, multiplicando por cinco la inversión recibida. Y todo ello lo realizamos con plena transparencia y los máximos estándares de fiscalización y control por parte de los poderes públicos.
Esta situación está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades de nuestra tierra.
Por todo ello, y de persistir los incumplimientos del Gobierno andaluz respecto de las obligaciones y compromisos asumidos con el sistema, las universidades públicas de Andalucía defenderemos a través de las acciones legales que correspondan el cumplimiento del modelo.