El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto para crear y regular la Comisión Interdepartamental de Coordinación del Empleo Público de la Junta de Andalucía, un órgano colegiado de asesoramiento y consulta destinado a garantizar la eficiencia y cohesión en la planificación y gestión de los recursos humanos en una administración en plena transformación.
La aprobación en 2023 de la Ley de Función Pública de Andalucía, que sustituyó a la normativa de 1985, puso en marcha un proceso de modernización de la administración para hacerla más ágil, digital, innovadora, orientada a resultados y cercana con el fin de acompañar a la ciudadanía y prestarle el mejor servicio. El desarrollo de esa norma lleva aparejado una importante actividad legislativa en marcha para regular nuevos sistemas de acceso al empleo público y selección y provisión de puestos, la evaluación del desempeño y el desarrollo de la carrera horizontal de los profesionales al servicio de la Junta de Andalucía o el teletrabajo.
En paralelo, se han alcanzado acuerdos con los sindicatos para la mejora del empleo y la prestación de un servicio público de calidad y se ultima una reordenación de la administración periférica y sendas estrategias de Digitalización y de Administración Innovadora englobadas en un Triplan. Los desafíos derivados de los cambios normativos, tecnológicos y las nuevas demandas ciudadanas hacen imprescindible crear órganos de coordinación que aseguren la homogeneidad y optimización en la aplicación de las políticas de empleo público en los diversos ámbitos que componen la administración de la Junta de Andalucía.
Así, el decreto contempla como funciones de esta comisión el facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en materia de recursos humanos entre los distintos sectores de la administración de la Junta de Andalucía con el fin de identificar posibles líneas comunes de actuación; elaborar estudios e informes en materia selección, provisión de puestos, evaluación o formación del personal; y hacer recomendaciones y propuestas de mejora en base a esos análisis de rendimiento de los recursos humanos en los distintos sectores. Con ello se busca mejorar la coordinación en la planificación de los recursos humanos, promover la transparencia en los procesos relacionados con el empleo público, optimizar la gestión de los procesos selectivos y de promoción, garantizando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad; evaluar las necesidades de formación del personal para mejorar su capacitación y adecuación a las demandas de los servicios prestados a la ciudadanía, y desarrollar estrategias para reducir la temporalidad.
La comisión estará adscrita a la Consejería competente en materia de Función Pública y se reunirá, al menos, cada tres meses, si bien se podrá convocar de manera extraordinaria por la Presidencia o a petición de la Vicepresidencia o de un mínimo de dos vocalías. La Presidencia corresponderá a la persona titular de la viceconsejería de Función Pública y la Vicepresidencia, al responsable del órgano directivo central en Administración Pública. Formarán parte como vocales los responsables de la planificación, ordenación, selección, provisión y gestión de personal en las consejerías competentes en Sanidad, Educación y Función Pública, así como los titulares del órgano directivo con competencia en materia de Presupuestos de la Junta de Andalucía y de Sistemas y Tecnologías. Además, se podrán constituir grupos de trabajo de carácter técnico. El plazo para su creación es de 15 días desde la entrada en vigor del decreto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
