El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha detallado este miércoles el modelo por el que apuesta la institución para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables y los jóvenes que, con sus primeros empleos, se quedan fuera del mercado libre.
Durante su participación en el Encuentro SER, organizado por Radio Sevilla dentro del ciclo ‘Soluciones al problema de la vivienda’, Fernández, ha subrayado que es necesario abandonar la idea de que la solución corresponde únicamente al sector privado y ha defendido “una intervención pública muy contundente en el mercado de la vivienda, dirigida y liderada por el Gobierno de España pero con la absoluta colaboración del Gobierno autonómico” y el resto de administraciones. Según ha señalado, ese compromiso debe reflejarse en los presupuestos, “como ya ocurre en la Diputación de Sevilla”.
UN MODELO CON PRECIOS TASADOS Y APOYO PÚBLICO
Fernández ha explicado que la estrategia de la Diputación parte de una definición muy clara de Vivienda de Protección Oficial (VPO), cuyos precios finales -tanto de alquiler como de venta- deben estar estrictamente tasados. Para lograrlo, ha defendido la necesidad de destinar fondos públicos a la construcción de estas viviendas. En el caso de la Diputación, a ayudar a que los ayuntamientos las construyan.
La institución acaba de aprobar, de hecho, la concesión de casi 70 millones de euros para 1.182 viviendas de alquiler o venta en 37 municipios, una de las novedades del Plan Sevilla 2030 y para la que consignaron en principio hasta 100 millones de euros.
URBANISMO PÚBLICO PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN
El presidente ha defendido un urbanismo público, que complemente al privado, pero que contribuya a evitar la especulación con el suelo público. Como ejemplo, ha citado el proyecto planteado para las 150 hectáreas e Cortijo del Cuarto, propiedad de la Diputación y donde ha apostado por un modelo equilibrado y de utilidad social.
Para responder a la demanda de vivienda pública en la capital, donde se concentra la tensión por la falta de vivienda, la Diputación apuesta porque el 50% o unas 3.000 viviendas, sean protegidas. Aunque también habrá espacio para la renta libre (unas 2.000 viviendas), que contribuirán a la urbanización. Un total de 70 hectáreas, casi la mitad del suelo, va a ser zona verde.
COLABORACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS Y FINANCIERAS
Fernández también ha puesto en valor el marco de colaboración entre administraciones y con el sector privado y financiero. En este sentido, ha destacado el acuerdo firmado con CaixaBank esta misma semana, cuyo objetivo es facilitar a los ayuntamientos la financiación de las promociones públicas impulsadas por la Diputación.
Ha recordado que esta colaboración es necesaria tanto para la financiación de la construcción como para que, en el caso de las viviendas en venta, las entidades financieras puedan subrogar hipotecas a los compradores.
No obstante, también ha explicado que la Diputación ha puesto en marcha un modelo propio para ayudar a los ayuntamientos, “una especie de ICO provincial, con el que financiamos a los ayuntamientos la parte de dinero que tienen que aportar para complementar las subvenciones de la Diputación y que, cuando se terminen o se vendan las viviendas, pueden devolver a coste cero y sin pagar comisiones”.
PEDAGOGÍA CON LOS AYUNTAMIENTOS Y CARÁCTER PÚBLICO DE LA VPO
El presidente ha destacado el esfuerzo de pedagogía realizado con los alcaldes de la provincia para que incluyan la vivienda en sus agendas: “Para resolver este problema hay que invertir dinero público y construir vivienda igual que se construyen centros de salud, parques o colegios”, ha insistido.
Asimismo, se ha mostrado contrario a la desclasificación de las VPO con el paso del tiempo: “No creo que se pueda desclasificar una VPO nunca, ni en venta ni en alquiler, porque se hace con los impuestos de la gente”. En su lugar, ha defendido instrumentos como el tanteo y retracto para que la administración pueda recuperar estos inmuebles con las actualizaciones pertinentes y garantizar que sigan cumpliendo con su función.
Para acelerar la construcción de nuevas viviendas y abaratar costes, Fernández ha abogado también por la industrialización de la vivienda: “Hay que aprovechar el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de industrialización de la vivienda que ha aprobado el Gobierno de España para ir más rápido y que, mientras se urbaniza un terreno, en una nave se pueda estar preparando la estructura de la vivienda”.
VPO EN ALQUILER Y VENTA: MARGEN PARA AMBOS MODELOS
El presidente ha rechazado que la solución al problema de la vivienda pase exclusivamente por la VPO en alquiler, como se señala desde algunos sectores, y ha defendido que “hay margen” para combinar ambos modelos: el alquiler orientado a personas más vulnerables o jóvenes sin acceso al crédito o sin estabilidad laboral, mientras que la VPO en venta resulta adecuada para otros jóvenes que “quieren construir su proyecto familiar pero que no pueden acceder a una vivienda de 400.000 euros en el mercado libre”. Aseguró que el modelo de VPO en venta está testado y funciona.
En relación con el debate sobre los pisos turísticos, Javier Fernández ha asegurado que la solución al problema de la vivienda no pasa necesariamente por limitar esta actividad, que también cumple una función de “turismo social”, permitiendo a muchas familias visitar ciudades en las que no podrían alojarse en hoteles de 3 o 4 estrellas.
“No podemos demonizar el turismo”, ha afirmado, para apuntar que “una mayor oferta de vivienda a precios más asequibles contribuiría a regular precios sin necesidad de un intervencionismo excesivo en este aspecto”, al que, en todo caso, se llega tarde.
Frente a ello, ha vuelto a defender la implantación de la tasa turística, que permitiría generar ingresos para reforzar los servicios públicos, mejorar el patrimonio y compensar a los barrios más alejados de los centros de atracción turística.