El Pleno del Parlamento ha aprobado la Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), una nueva norma que surge para contribuir a modernizar los polígonos industriales y áreas empresariales, y con la que el Gobierno andaluz da respuesta a la reivindicación histórica de ayuntamientos, diputaciones y asociaciones empresariales para abordar una mejora de estos espacios con las que atender el crecimiento y las necesidades de la nueva industria.
La norma, que se ha aprobado con los votos a favor del grupo parlamentario popular, ha recibido 106 enmiendas, de las que se han admitido un total de 47 de todos los grupos parlamentarios que han contribuido a enriquecer el texto, se enmarca en los compromisos del Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía.
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha valorado que “estamos ante una ley eminentemente práctica, útil y que pretende aportar soluciones a las necesidades de los entornos productivos andaluces”, y que, por encima de todo, “nace con la determinación de articular las condiciones necesarias para llenar de industria estos entornos, haciéndolos lo suficientemente atractivos para acoger proyectos que generen crecimiento económico y empleo estable”. Y ello, “ofreciendo un entorno favorable en el que se reducen trabas, simplifican trámites y se garantizan procesos ágiles para la implantación de nuevos proyectos industriales”.
Paradela ha puesto en valor que se trata de una Ley que ha sido ampliamente consensuada, como constatan las 437 aportaciones procedentes de 22 entidades y organismos públicos y privados, de las que cerca de un 80% se han incorporado al texto, durante el proceso de información pública y el trámite de audiencia. Además, gracias a las aportaciones de los agentes sociales se han modificado siete artículos y añadido tres nuevas disposiciones adicionales fruto del proceso de escucha y de mejora que ha defendido la parlamentaria Julia Ibáñez.
El consejero ha agradecido su contribución a entidades como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), las organizaciones sindicales UGT y CCOO, “a quienes hemos tenido a bordo durante la elaboración de la norma”, así como a la Asociación de Espacios Productivos de Andalucía (AEPA), Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), Asociación de Empresarios Polígono ASEGRA de Peligros (Granada), Sevilla TechPark, a los representantes de polígonos industriales andaluces, y de la Asociación Española de Parques (AEPA), entre otras.
En Andalucía se contabilizan un total de 2.379 espacios productivos en más de 540 municipios, de modo que el 70% de los municipios andaluces cuenta con algún polígono. Albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
La Ley aprobada hoy responde a la necesidad de que unos espacios muy relevantes para el desarrollo económico de los municipios andaluces se adecuen a las demandas actuales del tejido industrial, contando con los instrumentos regulatorios, financieros o de gestión necesarios para abordar su modernización y mantenimiento, ha incidido el consejero.
El diagnóstico que sirvió como punto de partida para la Ley señalaba que cuatro de cada diez polígonos no cuentan con servicios adicionales como red contra incendios, telecomunicaciones y señalización, o que el 90% carece de equipamientos e infraestructuras como centros de empresas, suministro de gas o depuradoras de agua.
La LEPA, cuyo texto se estructura en 94 artículos, divididos en cinco títulos, catorce disposiciones adicionales, tres transitorias y seis disposiciones finales, introduce una serie de instrumentos concretos orientados a facilitar la atracción de inversiones.
Uno de ellos es la creación del “espacio industrial protegido”, una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales. Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.
El texto incluye, además, figuras para reforzar la atracción de inversiones como los ‘Proyectos Tractores de la Industria’, aquellos que generan un relevante efecto arrastre para la economía local, y que van a disponer de un régimen administrativo preferencial.
Otra iniciativa relevante es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden las etiquetas de polígono “fabril” en función de su especialización industrial, y de “inteligente, sostenible o Eco-green” según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Esta medida permitirá conocer la situación de partida de cada polígono respecto a los demás, les ayudará a identificar sus potencialidades y priorizar las actuaciones de mejora que precisan.
Además, contempla herramientas para abordar uno de los problemas que limitan el crecimiento de los polígonos y que está relacionado con la disponibilidad de energía eléctrica. En esta línea, recoge la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica, una tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras.
Para promover la cooperación en el mantenimiento, gestión y mejora entre las empresas y las entidades locales se crean las Entidades de Gestión y Modernización de los Espacios Productivos. Estrechamente relacionado con ello, la LEPA establece estructuras para articular una amplia colaboración entre todos los actores que participan del desarrollo de los espacios productivos, incluyendo a la Administración autonómica, las entidades locales y el tejido empresarial, así como con las corporaciones de derecho público como Cámaras de Comercio o Colegios Profesionales. Por ejemplo, en materia de organización administrativa se crean dos figuras: las Oficinas locales de Espacios Productivos, promovidas por los ayuntamientos o diputaciones, y el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía, creado en el ámbito de la Consejería de Industria, con el cometido de apoyar a las Oficinas Locales e impulsar los instrumentos de la ley. Y, en materia de planificación, destaca a la figura del Plan director que, elaborado por las entidades locales y en su caso por las Entidades de Gestión y modernización, establecerá su propia estrategia de desarrollo.