La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido en el Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía, que finalmente ha superado el debate de totalidad. Catalina García ha destacado que la futura norma moderniza, simplifica y fortalece la gestión forestal y la protección del patrimonio natural andaluz, y ha subrayado el amplio consenso alcanzado tras incorporar más del 70% de las alegaciones recibidas y tras un proceso de participación sin precedentes.
La consejera ha iniciado su intervención recordando que este Proyecto de Ley nace tras un trabajo colectivo prolongado en el tiempo, construido de forma participada con administraciones, profesionales del sector forestal, agentes sociales, universidades, organizaciones agrarias, asociaciones ambientales, entidades locales y ciudadanía. Al respecto, ha señalado que el texto es fruto de un proceso “riguroso, dialogado y sostenido” que ha permitido integrar la experiencia de décadas de gestión forestal y enfrentar con herramientas nuevas los retos ambientales del siglo XXI. Catalina García ha afirmado que la respuesta unánime del sector forestal andaluz demuestra que se trata de un proyecto realista, moderno y conectado con la realidad del territorio, y ha agradecido expresamente la labor de los equipos técnicos, jurídicos y administrativos de la Consejería, así como de todas las organizaciones que han participado activamente en su elaboración.
La consejera ha explicado que la actualización del marco jurídico forestal era una necesidad ampliamente asumida desde hace años, ya que la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, quedó desfasada ante los profundos cambios sociales, tecnológicos y ambientales vividos en las últimas tres décadas. En esta línea, ha remarcado que Andalucía necesitaba una ley capaz de ofrecer claridad, coherencia y seguridad jurídica, que armonizara la normativa autonómica con la legislación básica estatal y que incorporara retos que en 1992 ni siquiera estaban planteados con la intensidad actual, como la lucha contra el cambio climático, la innovación tecnológica, el avance de la despoblación rural o la creciente presión sobre la biodiversidad.
Durante su intervención, Catalina García ha recordado que el Plan Forestal Andaluz 2030 ya identificaba esta necesidad con claridad, advirtiendo de que la legislación de 1992 no respondía a los desafíos presentes y futuros. Por este motivo, ha indicado que el nuevo texto adapta la política forestal andaluza a una realidad más compleja, más vulnerable y más demandante de instrumentos de planificación modernos, flexibles y participativos. La consejera ha afirmado que se trata de una ley que mira al monte no solo como un recurso, sino como una parte esencial de la identidad andaluza, del equilibrio ecológico y de la vida rural. “Nuestros montes son historia, cultura y sustento; la columna vertebral de nuestro territorio”, ha dicho.
Una participación plural
El Proyecto de Ley de Montes, tal como ha trasladado ante la Cámara, se ha construido sobre una amplia base participativa. Desde septiembre de 2022 se han sucedido fases de consulta pública, solicitudes de informes a otros departamentos de la Junta, dictámenes preceptivos y tres grandes foros abiertos de participación. La consejera ha subrayado que se han recibido alrededor de 1.500 alegaciones de 90 entidades diferentes, de las que se ha incorporado más del 70%, un dato que refleja la apertura del Gobierno andaluz al diálogo y la voluntad de que la ley represente la diversidad de voces del sector forestal y del territorio andaluz. Así, ha asegurado que esta participación plural ha permitido construir un texto robusto, equilibrado y capaz de integrar intereses ambientales, sociales, científicos y productivos en torno a un mismo propósito: proteger y fortalecer el monte andaluz.
Catalina García ha expuesto la arquitectura general del proyecto, compuesto por siete títulos, 144 artículos, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y seis finales. Esta estructura ofrece un marco coherente que abarca desde la clasificación de los montes y su régimen jurídico hasta la gestión forestal sostenible, la conservación, el fomento del sector, la participación social, la prevención de incendios y el régimen de responsabilidad. En este sentido, la norma refuerza tanto la gestión pública como privada, consolida instrumentos esenciales para la planificación y aporta orden y claridad a elementos que en la ley vigente resultaban confusos o insuficientes.
Catalina García, junto a miembros de su equipo directivo, delegados territotoriales y técnicos que han participado en la elaboracion de la Ley de Montes.
Una de las novedades más relevantes señaladas por la consejera es el refuerzo de la colaboración con las entidades locales a través de convenios de gestión, reforzando la cooperación con los ayuntamientos y reconociendo el papel fundamental de los montes municipales. Sobre ello, se ha referido a que, por primera vez, se dota de respaldo jurídico a funciones que la Junta ya venía realizando, como la planificación, supervisión y ejecución de la selvicultura preventiva o la gestión de la red viaria forestal, lo que permitirá una acción más eficaz y coherente en el territorio. Igualmente, ha destacado la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, concebido como un órgano más amplio que su predecesor y orientado a reforzar la participación y la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones.
Protección de los montes andaluces
También ha incidido en la sustitución del antiguo Catálogo de Montes de Andalucía por el nuevo Registro de Montes Públicos de Andalucía, que permitirá distinguir de manera clara entre montes demaniales y patrimoniales, y dotar a cada uno de un régimen jurídico específico. Todos los montes de titularidad autonómica pasarán a formar parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, reforzando así su protección. En materia de montes privados, la ley incorpora la figura del “monte protector”, con una gestión a cargo de sus titulares y nuevos incentivos para promover la sostenibilidad y la corresponsabilidad en el territorio.
La consejera ha aseverado que la gestión forestal sostenible es la columna vertebral del texto y que la ley refuerza la importancia de las ciencias forestales como base para la planificación y el aprovechamiento responsable. Al hilo de esto último, ha reseñado la incorporación de herramientas innovadoras, como el uso de inteligencia artificial, teledetección y nuevas tecnologías para monitorizar ecosistemas y anticipar riesgos. Igualmente, ha valorado el papel que tendrán los centros de capacitación y experimentación forestal como espacios de investigación aplicada y transferencia del conocimiento hacia el sector y el territorio. Por otro lado, ha hecho hincapié en la puesta en marcha del Sistema Andaluz de Información Geográfica Forestal, que mejorará la estadística, la transparencia y la capacidad de planificación, así como la creación de la Red MUESTRA, que convertirá determinados montes ejemplares en herramientas educativas y de divulgación para fomentar la cultura forestal ciudadana.
En su intervención, Catalina García ha querido detenerse en la importancia de la educación y la divulgación forestal, recordando que una sociedad consciente del valor de sus montes es una sociedad más preparada para protegerlos. Así, ha apuntado que el programa de divulgación previsto en la ley acercará el mundo forestal a la ciudadanía, a los centros educativos y a las comunidades rurales, y ha afirmado que el futuro del monte pasa por fortalecer ese vínculo cultural y emocional que une a Andalucía con su territorio forestal.
Bioeconomía rural
La consejera ha hecho referencia también al impulso a la bioeconomía rural que promueve la ley, señalando que la valorización de recursos como la madera, el corcho, la resina, la biomasa o los frutos silvestres permitirá generar oportunidades económicas en el medio rural. En relación con esto, ha explicado que la posibilidad de computar los productos con valor de mercado generados en actuaciones de mejora como parte del presupuesto de dichas actuaciones es un cambio trascendental en Andalucía, donde no se venía aplicando a pesar de las previsiones de la legislación básica estatal, ya que incentiva la gestión activa y reduce el gasto público al tiempo que crea actividad económica. Por ello, ha puesto en valor que la ley quiere que el sector forestal deje de ser marginal para convertirse en estratégico dentro de la economía andaluza, favoreciendo el emprendimiento, la competitividad y la profesionalización a través del nuevo Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.
Selvicultura preventiva y restauración de zonas degradadas
En materia de incendios forestales, Catalina García ha argumentado que la ley incorpora medidas de prevención, restauración y recuperación alineadas con la normativa vigente, reconociendo actividades como la selvicultura preventiva o la restauración de zonas degradadas como proyectos que contribuyen a la absorción de emisiones. “La prevención es la mejor herramienta para frenar incendios cada vez más intensos y frecuentes”, y ha destacado la importancia del pastoreo extensivo como aliado natural para el mantenimiento del monte y los cortafuegos ecológicos. “Esta norma reconoce el valor del pastor y del ganadero de monte como guardianes activos del paisaje andaluz”, ha añadido.
Por primera vez, la ley regulará los servicios ambientales de los montes, como la absorción de CO₂, la conservación de suelos, la filtración del agua o la generación de biodiversidad. Catalina García ha agregado que este paso coloca a Andalucía en sintonía con las tendencias europeas de pago por servicios ambientales, y que permitirá avanzar hacia un sistema justo que reconozca económicamente la labor de quienes cuidan el territorio. “Este enfoque refuerza el papel del monte como herramienta esencial para mitigar el cambio climático y gestionar sus impactos en el territorio andaluz”.
La consejera ha concluido su intervención subrayando el sentido profundo de esta ley, que no es solo una norma técnica, sino un compromiso colectivo con la tierra. “Los montes andaluces son memoria, identidad y vida, y que esta ley nace del respeto hacia quienes los habitan y cuidan diariamente”. Por este motivo, ha llamado a los grupos parlamentarios a acompañar al Gobierno de Andalucía en este paso histórico, recordando que el texto seguirá abierto al diálogo durante su tramitación y que la voluntad del Ejecutivo es construir una ley sólida, duradera y compartida. “Esta es una ley para todos, una puerta al entendimiento y al futuro de Andalucía”, invitando a la Cámara a seguir trabajando conjuntamente para fortalecer la política forestal andaluza.