El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido el “cambio radical” que ha supuesto en la Administración de la Junta la Ley de Función Pública aprobada en 2023, que sustituyó una norma de 1985, “probablemente la más vanguardista de España y que está sirviendo de referencia a otras administraciones”. Nieto ha destacado el desarrollo de la ley realizado en estos dos años para simplificar trámites, digitalizar y automatizar procesos, reducir la temporalidad e incorporar nuevos modelos de selección y provisión, como el Concurso Abierto y Permanente. A ello se suman ahora las mejoras para el desarrollo profesional de los empleados públicos recogidas en el “acuerdo histórico suscrito por unanimidad de todos los sindicatos, algo que no había ocurrido antes”.
Nieto ha puesto de relieve el gran esfuerzo realizado para desplegar los contenidos de una ley “muy ambiciosa” que “en dos años ha tenido tanto desarrollo como la anterior en 17”. No obstante, ha subrayado que se ha “priorizado el diálogo a la rapidez, aún a costa de mi interés por agilizar su aplicación, pero es más importante avanzar desde el consenso“, por lo que “seguiremos con la mano tendida al diálogo con los grupos y agentes sociales” para continuar.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre el desarrollo de la Ley de Función Pública, ha explicado que la norma aprobada hace dos años “era el primer paso para una transformación radical de la Administración Pública”. Unificó disposiciones dispersas y estableció un régimen claro para cada figura del empleo público. Además, ha permitido la modernización de la gestión, más flexible y menos burocrática, apostando por un modelo de administración orientado a proyectos y resultados frente al esquema rígido de departamentos estanco que, durante décadas, condicionó la gestión pública en Andalucía.
Ha incidido en que uno de los grandes logros ha sido la reducción de la temporalidad y la estabilización del empleo público, desbloqueando ofertas de empleo que llevaban años de retraso. También ha permitido incorporar un 20% de plazas adicionales en las convocatorias para cubrir las bajas que se producen entre una oferta y la siguiente, evitando tener que recurrir a interinos, y nuevos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo como el Concurso Abierto y Permanente, a cuya primera convocatoria concurrieron 6.529 funcionarios que presentaron más de 30.000 solicitudes (el 60% optó a varios puestos) y el pasado 6 de octubre se publicó la adjudicación definitiva de 1.906.
En este sentido, ha destacado la aprobación del Decreto de selección y provisión de puestos, que actualiza el sistema de acceso y promoción en la Administración Pública para captar y retener talento conforme a nuevos perfiles profesionales necesarios, y a la reducción al 5% de la temporalidad, por debajo del 8% que exige la Unión Europea. “Muy pocas comunidades autónomas están en el nivel temporalidad de la Junta de Andalucía”, ha defendido.
Nieto ha anunciado que el desarrollo de la ley continuará en 2026 con el Decreto de Evaluación del Desempeño y de carrera horizontal, que permitirá contar con un sistema integral de medición y reconocimiento del rendimiento profesional, basado en objetividad, transparencia y resultados, así como el desarrollo profesional de los funcionarios sin tener que cambiar de puesto.
También se regularán nuevas situaciones que han llegado para quedarse como el teletrabajo o la desconexión digital, además de avanzar en medidas de conciliación.
Acuerdo de mejora del empleo y el servicio públicos
En esta apuesta por mejorar las condiciones de los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía se enmarca el reciente acuerdo “suscrito por unanimidad de todos los sindicatos, algo que no había sucedido nunca y que ellos mismos califican de histórico”, ya que afecta tanto a los funcionarios de la Administración General y de Justicia como al personal laboral, al avanzar en la aprobación de su VII Convenio, y a los empleados del sector público instrumental, homogenizando sus condiciones.
El acuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y un horizonte temporal de cinco años.
El documento se estructura en cuatro grandes ejes. El primero es la transformación de la Administración pública, que persigue una organización ágil, digital, eficiente y orientada a resultados. El segundo pilar es el fortalecimiento del capital humano, mediante la mejora del empleo público y su modelo retributivo, la estabilidad, la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, entendidos como vía de reconocimiento y mejora continua de los empleados públicos.
En cuanto al modelo retributivo, desarrolla el modelo de complementos objetivos que recoge la Ley de la Función Pública de Andalucía e introduce el complemento de puesto, de nivel competencial, por desempeño y de carrera. Además, se impulsa la recuperación progresiva de las ayudas de acción social.
El tercer eje es la actualización y modernización de los convenios. Recoge el compromiso de finalizar el proceso de negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, que sustituirá al VI Convenio firmado en 2002, así como reordenar el sector público instrumental y actualizar los convenios obsoletos para homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores de las agencias públicas
El cuarto eje busca reforzar la calidad de los servicios públicos, impulsando la formación continua de los empleados de la Junta, la reorganización de los recursos de prevención de riesgos laborales, o el rediseño de procedimientos y trámites.