El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido la constitución del Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía, después de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto de su creación el pasado mes de septiembre, un observatorio que muy pocas comunidades autónomas tienen formalizado.
El Observatorio de Agresiones es un órgano asesor, compuesto por representantes tanto de Sanidad como de Interior y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Trabajo Social, Psicólogos, Podólogos, Veterinarios, Dentistas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupaciones y Logopedas, que tendrá su complemento en cada una de las provincias.
Los sindicatos de Enfermería SATSE, el Sindicato Médico Andaluz, CSIF, CCOO y UGT también cuentan con vocales en este órgano que “nos va a facilitar información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las agresiones, que nos servirá de apoyo en la prevención y en la protección de los profesionales”, ha valorado el consejero.
Antonio Sanz ha mostrado su convencimiento de que “la tarea de erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios ha de abordarse, necesariamente, de una forma coordinada desde distintos ámbitos“, entre los que ha citado la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, la propia organización de la sanidad pública andaluza y la seguridad interior en la Administración. “Y esto es lo que estamos haciendo desde ya con este Observatorio”, ha señalado.
El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha explicado que este órgano es el “instrumento que nos va a permitir analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia”.
En este punto, el consejero, que ha lamentado la “brutal” agresión a una enfermera en el centro de salud de Torreblanca, en Sevilla, así como todas las agresiones a los profesionales sanitarios, ante las que ha mostrado su “más absoluta condena” y para las que ha pedido “tolerancia cero”, ha explicado que la Consejería ha apostado por la formación y capacitación de los profesionales ante las agresiones y la puesta en marcha de un gran número de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios andaluces. Entre ellas, ha querido destacar el uso de las nuevas tecnologías, como el Sistema Auxilia, que se está pilotando para la mejora para la comunicación de incidentes en los centros sanitarios, de forma que las personas trabajadoras puedan avisar y solicitar ayuda antes de que la agresión se materialice.
Así, ha detallado, que actualmente cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, como más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, “un dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad”.
Antonio Sanz ha recordado que el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS también habilita canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, sea física o verbal, “no esté sola momentos después de ser agredida”. Además, se le facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar, en tanto que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia.
De hecho, durante 2024, los letrados del SAS realizaron 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Las penas de estas sentencias oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.
Finalmente, el consejero ha añadido que la Consejería está preparando un régimen sancionador. “La nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario”, ha concluido.
En 2024, se registraron 362 agresiones físicas a profesionales sanitarios y 1.504 agresiones no físicas en los centros sanitarios públicos de Andalucía. De ellas, un 47,48% se produjo en hospitales y el 52,52% restante, en centros de Atención Primaria.