El Defensor del Pueblo andaluz en funciones y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y otros miembros de su equipo han asistido a las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que han tenido lugar en Zaragoza esta semana bajo la organización de la Justicia de Aragón.
En 2025 el tema escogido ha sido la vulnerabilidad en las aulas y, en concreto, cómo las desigualdades socioeconómicas, la discapacidad, la salud mental o el territorio pueden afectar al pleno ejercicio del derecho a la educación real y efectiva de las personas.
En el programa se han incluido ponencias y mesas redondas con expertos, pero también se ha querido incorporar la perspectiva de los jóvenes, a través de representantes de los consejos de infancia y adolescencia de las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, que han presentado un documento con propuestas de mejora.
Las jornadas han concluido con un decálogo de recomendaciones para que todo el alumnado tenga derecho a la educación plenamente garantizado, con especial atención a los colectivos vulnerables. Esto implica promover una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a los retos tecnológicos y sociales actuales. Entre las principales conclusiones, se subrayan las siguientes necesidades:
– Asegurar la equidad y la inclusión a lo largo de todas las etapas educativas, con suficientes recursos y apoyo familiar.
– Priorizar la escolarización inclusiva en centros ordinarios.
– Reforzar la detección y atención precoz de las necesidades educativas especiales.
– Combatir la segregación escolar.
– Regular el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con criterios pedagógicos y respetuosos con los derechos de los niños.
– Mejorar la calidad educativa en el ámbito rural y la oferta de educación infantil (0-3 años).
Puedes acceder al documento de conclusiones: