La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que estén considerando inscribirse en academias o centros de enseñanza de idiomas, ya sea para iniciarse en un nuevo idioma o para perfeccionar su nivel.
Al margen de los títulos oficiales expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, el resto de certificaciones son reguladas por distintos organismos (como universidades o centros privados), que establecen sus propios criterios de equivalencia respecto a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Este marco clasifica las competencias lingüísticas en seis niveles, del A1 al C2, agrupados a su vez en tres bloques, básico, independiente y competente, y valora aspectos como la comprensión oral y escrita, la expresión y la interacción.
En el caso de centros privados que anuncian la posibilidad de obtener titulaciones extranjeras, es imprescindible que cuenten con un convenio con la entidad certificadora correspondiente. Aunque muchos de estos títulos cuentan con una sólida reputación internacional, su reconocimiento en España depende de la institución que los valore.
Desde Consumo también se pone el foco en el auge de academias y plataformas ‘online’ que ofrecen cursos a precios extremadamente bajos. Detrás de estas ofertas, pueden esconderse carencias importantes como la ausencia de certificaciones oficiales, profesorado poco cualificado o la falta de atención personalizada. Además, si el centro opera desde el extranjero, es necesario tener en cuenta esta circunstancia, porque la tramitación y gestión de posibles reclamaciones puede tornarse en una gestión no exenta de complicaciones.
Por ello, se aconseja actuar con prudencia y valorar ciertos aspectos antes de tomar una decisión. Así, es importante informarse sobre la trayectoria del centro, los niveles de enseñanza disponibles, el perfil profesional del equipo docente, y la metodología empleada. Igualmente, se recomienda comprobar si se ofrece formación conducente a certificaciones válidas a nivel europeo o internacional, especialmente útiles para programas de movilidad internacional como Erasmus.
A la hora de elegir, conviene definir claramente las necesidades: modalidad presencial u ‘online’, cursos extensivos o intensivos, o formación en grupo o individual, entre otras. Asimismo, el centro formativo debería realizar una prueba de nivel previa, tanto escrita como oral, para ubicar correctamente al alumnado en el nivel correspondiente. Los consumidores también deber estar alerta ante la promesa de resultados poco realistas en plazos breves, como alcanzar un nivel alto en muy poco tiempo.
Además del contenido académico, se deben valorar otros elementos como las instalaciones, el equipamiento tecnológico, la conexión a internet, el enfoque didáctico, o la continuidad entre niveles, así como si el centro está autorizado como preparador o examinador, y si los certificados emitidos mencionan de forma explícita su correspondencia con el MCER.
Por último, desde la Dirección General de Consumo se insiste en la necesidad de revisar con detenimiento el contrato antes de su firma. Para ello, debe reflejar de forma clara todos los precios finales (incluyendo matrícula e impuestos), detallar los pagos mensuales y las posibles opciones de financiación. Por último, es imprescindible solicitar justificantes de todos los pagos realizados. Para una mayor protección, se recomienda, como siempre, optar por centros adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.