El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de crédito por importe de 3,5 millones de euros a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para hacer frente al incremento de plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia que ha supuesto la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada por el Gobierno central.
Las fases I y II de aplicación de esta nueva norma implica un incremento de personal de 86 plazas dado el cambio de estructura que supone crear los nuevos tribunales de instancia. Un coste que la Junta de Andalucía asume en solitario, junto al resto de gastos derivados de la norma, ya que ésta carece de memoria económica. El Consejo de Gobierno ya instó hace unos meses al Gobierno de la Nación a cofinanciar los gastos que, en el caso de Andalucía, alcanzarán los 57 millones de euros.
La primera fase de la citada ley entró en vigor el 1 de julio de 2025 en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, 70 de los 85 que hay en Andalucía (más del 82%) que cuentan con más de 4.000 funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta de Andalucía.
La segunda fase se implantará el 1 de octubre de 2025 y afectará en Andalucía a tres partidos judiciales con 250 trabajadores, todos en la provincia de Málaga (Fuengirola, Marbella y Torremolinos). La tercera y última fase será la adaptación, el 31 de diciembre de 2025, de las ocho capitales de provincia y cuatro grandes ciudades (Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril), donde trabajan unos 5.000 funcionarios de Justicia.
Para ello, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha ampliado la plantilla de funcionarios en 86 plazas para las dos primeras fases, tras negociar con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los 73 partidos judiciales afectados en las fases I y II. La mayoría de estos puestos son de nueva creación, pero también se han consolidado plazas que hasta ahora eran ocupadas por interinos de refuerzo. También se han creado jefaturas que hasta ahora no existían con sus correspondientes complementos. En concreto, los nuevos puestos son 24 del cuerpo de gestores procesales, 51 plazas de tramitadores y 11 de Auxilio Judicial.
Además de transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y la ordenación del personal en secciones y servicios comunes, la ley también afecta a los juzgados de paz que pasan a ser oficinas de justicia municipales, con más funciones. Ya se han adaptado 94 y otros cuatro juzgados de paz lo harán en octubre. Igualmente, los registros civiles se convierten en unidades autónomas.
La Junta de Andalucía asume en solitario este coste, junto a otros derivados de la adaptación de las sedes judiciales, los servidores y equipos informáticos o la formación de los profesionales, ya que el Gobierno de España no ha acompañado la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia de ayuda técnica y económica para las comunidades autónomas que tienen que implantarla. Sólo el coste del incremento del personal de la fase I y II supera los 3,7 millones de euros, de ahí que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos realice ahora esta transferencia de 3.514.404,92 euros a la Consejería de Justicia. Máxime cuando la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de enero de 2025, con los presupuestos andaluces ya aprobados.
Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó el 11 de junio de 2025 un acuerdo en el que se instaba al Ministerio de Justicia a dotar a Andalucía de los medios económicos necesarios para poner en marcha la norma estatal. En total, los gastos de aplicación de esta ley estatal supondrán una inversión de unos 57 millones de euros.