La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, un decreto que, en palabras de López, se ha aprobado “por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia”.
Para la consejera, con la aprobación de este texto, en el que Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con más capacidad ordinaria de acogida, “volvemos a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no le importa apilar en edificios”.
“Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños”, ha enfatizado la titular de Inclusión Social, para advertir que “nuestro Sistema de Protección de Menores está ya saturado, y no podemos olvidar que cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos”.
Como ejemplo de la solidaridad “incuestionable” de Andalucía, López ha recordado a “los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad”, y a los que el Gobierno andaluz “está atendiendo a pleno pulmón”.
En este punto, ha remarcado que este reparto impuesto por el Gobierno central “reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema andaluz como aquellos a los que quieren trasladar”. “Para Andalucía siempre primará la defensa y protección del interés superior de los niños”, ha subrayado.
Por ello, la consejera ha puesto de relieve la importancia de que el Ejecutivo central reconozca Andalucía como Frontera Sur, una petición que, ha criticado, se “niega continuamente” a la comunidad, “a pesar de estar a tan sólo 14 kilómetros del continente africano, mientras se le concede al País Vasco”.
Para concluir, Loles López ha lamentado que el Gobierno central “no está asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo”.