97 entidades locales sevillanas han solicitado la colaboración financiera de la Diputación de Sevilla al concurrir a la línea específica, dotada con 10M€ y a la que la Institución daba luz verde en cuanto a la Convocatoria y Bases reguladoras en su Plenario del pasado junio, para la adquisición de vehículos a motor adscritos a la prestación de servicios públicos supramunicipales, ayudas que forman parte del Programa Sevilla 2030.
Subvenciones de concurrencia no competitiva instrumentalizadas a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, que tienen como objetivo prestar la asistencia económica que precisan los ayuntamientos beneficiarios para llevar a cabo las inversiones necesarias para adquirir estos vehículos.
“En definitiva, se trata de contribuir a la consecución de calidad en la prestación de los servicios públicos supramunicipales”, explica el diputado responsable del Área, Gonzalo Domínguez. “Porque esta calidad es la que marca la diferencia a la hora cimentar la satisfacción de las personas que son vecinas de la provincia y la capacidad de atracción para proyectos inversores en nuestro territorio”.
“Con estas ayudas estamos dando impulso a iniciativas y estrategias, orientadas a garantizar que las inversiones en nuevas tecnologías y equipamientos no solo mejoren la operatividad y calidad de los servicios públicos, sino que también reduzcan el impacto ambiental y promuevan un uso más racional y eficiente en la provincia de la energía”.
Y es que los vehículos que se adquieran por parte de los ayuntamientos, que tendrán que estar adaptados a las normativas actuales en materia medioambiental y transición ecológica y sostenible, vendrán a renovar el parque móvil de la provincia en su gama, sustituyendo a unidades obsoletas y garantizando así preferentemente la eficiencia energética, la eficiencia operativa -traducida en aminoración del tiempo de operación y de costos de mantenimiento-, la eficacia y la calidad de los servicios y la seguridad laboral para las plantillas y, en definitiva, la optimización de los recursos.
La adquisición de los vehículos podrá realizarse hasta diciembre del año 2026 y las entidades locales beneficiarias son las responsables de su adscripción al servicio público para el que lo necesiten durante al menos cinco años y del mantenimiento del vehículo en perfectas condiciones de uso durante su vida útil.