Utilizando distintos perfiles digitales, uno de los detenidos también exfiltró datos personales de periodistas y credenciales de acceso vinculadas a distintos partidos políticos
El otro arrestado se encargaba de la gestión del monedero virtual donde se realizaron los pagos obtenidos tras la venta de los datos
En el registro de los domicilios se ha intervenido numeroso material informático
01/07/25
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Las Palmas a dos personas por su presunta participación en delitos de ciberterrorismo. El principal arrestado es responsable de la exfiltración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno. Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles. El segundo arrestado se encargaría, presuntamente, de monetizar estas actividades.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron la filtración de datos personales, que afectaban a altas instituciones del Estado, en diversos canales de difusión masiva y redes sociales. Estos datos sensibles estarían directamente vinculados a políticos, miembros del Gobierno central y autonómico, y a profesionales de medios de comunicación. Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos. Además alardeaban de su capacidad para venderlos, lanzando mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, con el consiguiente peligro para la seguridad nacional.
La estructura que utilizaban los detenidos para sus actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.
Amenaza muy grave para la Seguridad Nacional
Esta mañana se ha producido la detención de ambos autores y se ha llevado a cabo el registro de ambos domicilios, donde se han intervenido numerosos efectos y soportes técnicos que están siendo analizados. La naturaleza de los datos filtrados, que afectaban a cargos de altas instituciones del Estado, miembros de partidos políticos y periodistas, convertían a los arrestados en una amenaza muy grave para la Seguridad Nacional.
La operación policial se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y ha contado con la colaboración del CNI y de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas. Todo ello ha sido coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional.