Hoy, 1 de mayo de 2025, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el Defensor del Pueblo Andaluz hace un llamamiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de la Agenda 2030 que aboga por reducir las desigualdades, siendo la apuesta por un trabajo decente una pieza esencial para incrementar los ingresos de las personas, y coadyuvar a eliminar la pobreza y las desigualdades sociales.
“Erradicar el trabajo forzoso y en precario y caminar en busca del pleno y mejor empleo, con la protección de los derechos laborales y la consecución de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, repercute en un crecimiento económico más fuerte e inclusivo y mejora la vida de miles de millones de personas”, recoge la Defensoría en su informe anual de 2024.
Los servicios públicos constituyen una garantía para la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Contar con empleadas y empleados públicos profesionalizados y suficientes es una condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población, para promover el crecimiento económico, para avanzar en el Estado del bienestar (ODS 3), para consolidar las instituciones públicas (ODS 16) y para promover la cohesión territorial y social.
Actualmente, la administración pública está inmersa en un proceso de transformación digital de los servicios públicos para mejorar la eficacia y la eficiencia en su actuación, proceso que tiene que realizarse en condiciones adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, tener en cuenta el lado humanista de la digitalización, poniendo a la persona en el centro, de forma que permita avanzar a la sociedad.