La Junta de Andalucía abonará a los abogados de oficio su asesoramiento jurídico en procesos de mediación, aunque no logren un acuerdo, en aquellos asuntos en los que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia obliga desde el 3 de abril a intentar una vía alternativa para resolver los conflictos antes de presentar una demanda. Para ello, modificará la Orden aprobada en 2024 con la que Andalucía fue la primera comunidad que incluyó la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, al compensar económicamente con hasta 400 euros a los profesionales que lograran cerrar un acuerdo.
Desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar abogados o procuradores de oficio pueden también solicitarlos para procesos de mediación. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública abona este trabajo con el módulo máximo previsto en la orden reguladora de las retribuciones económicas del sistema de Justicia Gratuita. Así, reciben hasta 400 euros por su trabajo en procesos de mediación que se cierren con un acuerdo entre las partes. En el primer año, los letrados andaluces han certificado a la Consejería 181 acuerdos, abonadándose 72.400 euros.
Ahora, tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que recoge los medios alternativos de solución de controversias (MASC) y obliga a intentar un acuerdo antes de presentar una denuncia en el ámbito civil y mercantil, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública modificará la orden para abonar, con efectos retroactivos desde el 3 de abril, el asesoramiento de los profesionales jurídicos en procesos de mediación obligatorios aunque no acaben en acuerdo.
El borrador del texto para esta modificación se encuentra expuesto a información pública para recibir aportaciones hasta el próximo 25 de abril.
Además, la Consejería ultima la creación del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), de carácter público y con sede en las ocho provincias, al que los andaluces podrán acudir para iniciar procesos de mediación en este tipo de conflictos. En colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, la Junta ha formado a representantes de más de 300 empresas de la comunidad sobre las ventajas de la mediación a través de jornadas.
El SEMCA no tendrá coste si una de las dos partes reúne los requisitos para acceder a la Justicia Gratuita. Próximamente, se licitará la gestión del SEMCA, si bien, mientras se pone en marcha, los andaluces pueden acudir a los puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que existen en las principales sedes judiciales de las ocho capitales, además de en Marbella (Málaga) y Algeciras (Cádiz), y que son atendidos por técnicos formados en mediación. Además de orientarles y guiarles para desarrollar procesos de mediación, los PIMA emitirán la documentación acreditativa de haber intentado la mediación, que la ley exige como requisito de procedibilidad para poder presentar una demanda en los juzgados en el ámbito civil y mercantil.
Andalucía, pionera
Los PIMA, la creación del SEMCA o la inclusión de la mediación en el sistema de Justicia Gratuita forman parte de una Estrategia de Mediación de la Consejería para impulsar vías alternativas de resolución de conflictos. En el marco de esta Estrategia, el año pasado se creó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que comenzó a funcionar en mayo en 2024 en cinco provincias andaluzas, y en septiembre, en el resto. Desde entonces, el SEMPA ya ha evitado casi 1.200 juicios penales, al propiciar que las partes llegaran a acuerdos o renunciaran a emprender acciones judiciales, con un plazo medio de resolución de 30 días. La mayoría de los asuntos derivados por los juzgados de lo Penal a este servicio son delitos leves de amenazas, lesiones o hurtos que en los tribunales hubieran tardado uno o dos años en resolverse.
Además, el pasado diciembre la Consejería firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en Derecho Laboral actúen como mediadores voluntarios en conflictos entre empresas y trabajadores ya judicializados, dando una segunda oportunidad a la mediación en este ámbito cuando el CEMAC no logra evitar que las partes acaben en los tribunales.
Todas estas medidas forman parte de la Estrategia de Mediación con la que la comunidad andaluza se ha adelantado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, al impulsar vías alternativas de resolución de conflictos, desde el convencimiento de que el diálogo y el acuerdo ahorran tiempo y costes, además de contribuir a aliviar la sobrecarga de los juzgados por la excesiva tasa de litigiosidad.