El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de diversos proyectos hidráulicos como de Interés General de la Comunidad Autónoma andaluza. Estos proyectos persiguen fomentar la reutilización de aguas regeneradas en explotaciones agrícolas ubicadas en terrenos incluidos en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal. De esta forma, la Junta de Andalucía respalda a productores agrícolas de territorios donde el Estado es la autoridad competente, destinando un presupuesto que podría alcanzar los 80 millones de euros según las primeras estimaciones.
Estas obras conforman el primer lote de iniciativas impulsadas a través del ‘Plan Parra’ de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En total, se beneficiarán de las iniciativas 25 comunidades de regantes de seis provincias andaluzas (Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla). Actualmente, estas asociaciones de regantes carecen de las infraestructuras hidráulicas necesarias para utilizar las aguas regeneradas, pero sí cuentan con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para hacerlo. De hecho, esta declaración de Interés General de la Comunidad Autónoma surge a propuesta del órgano gestor de la cuenca estatal, que concederá las autorizaciones necesarias para que los agricultores afectados puedan utilizar las aguas regeneradas en sus explotaciones.
Por esta razón, el objetivo del Gobierno andaluz es poner en marcha los tratamientos terciarios en aquellas depuradoras que puedan producir aguas regeneradas e impulsar las conducciones que conecten estas instalaciones con las fincas agrícolas y las balsas de autorregulación asociadas a los nuevos recursos. De esta forma, la Junta de Andalucía contribuirá al aprovechamiento de hasta 20 hm3 de aguas regeneradas en la cuenca estatal del Guadalquivir, objetivo que se contempla el Plan Hidrológico de la demarcación pero que no es factible actualmente.
Por provincias, seis de las comunidades de regantes que se beneficiarán de estas obras impulsadas por la Junta de Andalucía se encuentran en Córdoba, concretamente en Aguilar de la Frontera, Lucena, Baena, Espejo, Montoro y Puente Genil. En Huelva serán dos entidades que desarrollan su actividad en Bollulos Par del Condado y en Almonte; y en Granada serán tres, situadas en Caniles, Castril y Cenes de la Vega. Por su parte, también obtendrán beneficios siete comunidades de regantes de seis municipios de Jaén (Alcalá La Real, Torredelcampo, Bélmez de la Moraleda, Cazorla, Linares y Úbeda); una del municipio malagueño de Alameda; y seis entidades de localidades de Sevilla (Arahal, Carmona, Fuentes de Andalucía, Osuna, Herrera y Pedrera).
Estas actuaciones cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader); y su puesta en marcha se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022 y en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027.
A estas primeras obras del Plan Parra le seguirán otros proyectos que permitirán dar forma a la estrategia global que está llevando a cabo la Junta de Andalucía a través de una planificación de obras hidráulicas encaminada a aumentar la garantía de recursos hídricos disponibles para el sector agrícola. La agricultura andaluza viene padeciendo en los últimos tiempos un grave problema de escasez de agua debido a diversos factores, entre los que se encuentra la sequía meteorológica de los últimos años y la alta tasa de evaporación derivada del incremento de las temperaturas.
A estas circunstancias se suma el hecho de que en los campos de Andalucía se puedan encontrar numerosos cultivos vulnerables a los efectos de la escasez del agua. Si falta este recurso, las plantas puede sufrir un estrés hídrico que afecta a la calidad y cantidad de su producción y que, en casos de estrés severo y prolongado, puede llegar a comprometer la viabilidad de las explotaciones agrícolas en el tiempo. El desarrollo de la economía de las zonas rurales, más dependientes de la actividad agraria, podría llegar a verse afectada en los casos más acusados de falta de agua. Esta situación extrema también podría llegar a comprometer la capacidad de la región para mantener el abastecimiento de los mercados agroalimentarios, incidiendo negativamente en la economía de Andalucía y en la alimentación de miles de europeos.
Ante esta situación, el aprovechamiento de fuentes hídricas alternativas, como las aguas regeneradas, supone una vía de gran utilidad para aumentar los recursos disponibles y garantizar el suministro continuo, ya que este tipo de agua no depende de la estacionalidad ni se ve afectada por épocas de sequía. Además, regar con estos recursos supone un aporte extra de nutrientes para la tierra y contribuye a mejorar la garantía de suministro para consumo humano al reservar a este fin recursos convencionales que actualmente se emplean en la agricultura.
Para lograr el aprovechamiento máximo las aguas regeneradas, la Junta de Andalucía viene trabajando en los últimos años en la puesta en marcha de tratamientos terciarios en numerosas depuradoras para poder obtener estos recursos. Asimismo, el Gobierno andaluz está implicado en la construcción de las conducciones que permitan su traslado hasta las instalaciones de los regantes para que puedan utilizar las aguas regeneradas en las fincas agrícolas.