El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, cuyo objetivo es seguir avanzando en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad. La nueva norma busca actualizar el régimen jurídico del Patrimonio de Andalucía, vigente desde hace cuatro décadas, al incorporar los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio de la Junta de Andalucía, uno de los más grandes del país.
La actual Ley del Patrimonio de Andalucía es de 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma, como la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece las bases del régimen patrimonial de las administraciones; su reglamento de desarrollo, ambas con regulación de carácter básico y de aplicación general, y la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su reglamento de desarrollo. Recientemente, en el ámbito autonómico se aprobó el Decreto ley 3/2024 por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en la comunidad.
Estas modificaciones legales quedarán por tanto contempladas en una nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta de Andalucía. Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas.
Respecto al articulado del texto, la norma establece ahora una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea el título de adquisición. Además, se contemplan mecanismos innovadores y efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad. Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el de su parque móvil.
De la misma manera, al incorporar herramientas digitales y simplificar determinados procedimientos, la norma ayudará a maximizar los recursos públicos y privados disponibles, al eliminar duplicidades y asegurar una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes en la actualidad que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.
Además, la norma apuesta por la transparencia y participación con la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, integrada dentro de su portal web, que centraliza toda la información sobre las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la Junta de Andalucía, de modo que los ciudadanos e interesados sólo tengan que acudir a un único lugar para acceder a toda la información.
Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta de Andalucía a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento podría, por ejemplo, solicitar que se ponga en uso un inmueble abandonado.
De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad y se introduce la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.
La norma es pionera en implantar los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles que pertenezcan al sector público andaluz y se hayan quedado obsoletos, estén deteriorados o en desuso, en consonancia con la Ley de Economía Circular. En ese sentido, se apuesta por la reutilización interna, con mecanismos como la bolsa de segunda oportunidad, que permite que aquellos bienes que han agotado su vida útil para la Junta de Andalucía, como por ejemplo un vehículo, sean destinados a usos educativos; el restablecimiento del rendimiento y funcionalidad de los bienes; la cesión gratuita a otras administraciones para su reutilización o, en su defecto, la cesión a entidades gestoras de residuos para su depósito o destrucción.
Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.