El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, en colaboración con las entidades que conforman EnRedes (Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario de Sevilla), ha celebrado este martes, 25 de marzo, la jornada “Sensibilización para la reinserción social de personas privadas de libertad” con el objetivo de visibilizar los desafíos a los que se enfrentan estas personas al cumplir su condena y reincorporarse a la sociedad. Jesús Maeztu ha reclamado los derechos de estas personas privadas de libertad como mejor instrumento para permitirles reconstruir sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad. “Son personas con todos sus derechos, hay espacio para la recuperación”, ha dicho Maeztu.
El Defensor andaluz se ha mostrado convencido de que la reinserción es posible, aunque se enfrenta todavía a muchas dificultades para abandonar la estigmatización y comprender que la cárcel puede ser un medio para una segunda oportunidad. De hecho, durante la jornada se han podido conocer testimonios personales y experiencias sociales y laborales que están permitiendo esta reinserción. Una de ellas, destacada por el Defensor, ha sido el catering inclusivo para la reinserción, gestionado y servido por personas internas del Centro Penitenciario Sevilla II, con la colaboración del catering Ágape 360º sensibilizado con causas sociales.
Este encuentro ha permitido conocer también los principales desafíos de este colectivo y las herramientas y recursos necesarios para afrontarlos. En este sentido, el Defensor andaluz ha resaltado algunos de estos retos, entre ellos, la estigmatización y discriminación de la población reclusa, las adicciones y la enfermedad mental o la atención a las situaciones de dependencia. Y ha destacado el papel esencial de las entidades sociales que conforman el Tercer Sector, como vertebrador de acciones e iniciativas sociales, educativas y laborales que coayudan y facilitan ese tránsito de la persona interna a su incorporación a la sociedad tras cumplir su condena.
En los últimos dos años, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha entrevistado con los equipos directivos y técnicos de los centros penitenciarios y centros de inserción social andaluces, con los profesionales del turno de oficio de penitenciaria de los colegios de abogados y con el Tercer Sector que desarrolla programas en los establecimientos penitenciarios de cada provincia, recabando información a nivel provincial y priorizando actuaciones de oficio dirigidas a los distintos órganos de la Administración andaluza, además de solicitar la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en cada una de ellas.
Fruto de este trabajo, el Defensor ha reclamado mayor coordinación entre administraciones para la atención de la salud de la población reclusa. Jesús Maeztu ha vuelto a recordar que es necesario resolver la dualidad que aún persiste en el sistema de salud. Y, mientras tanto se materializa, ha pedido la implementación del Diraya como herramienta para disponer de la historia clínica de los pacientes antes de su ingreso. También de la atención sanitaria especializada dispensada en los centros hospitalarios con la mayor cobertura.
Otro de los problemas donde está interviniendo la Defensoría es en el abordaje de las personas con adicciones en los centros penitenciarios. Para el defensor, la drogadicción es uno de los factores desestabilizadores más importantes de las personas y, en el caso de este colectivo, “su falta de abordaje en la prisión puede imposibilitar muy seriamente la reinserción social de la población reclusa. Desde la Defensoría, abogamos por un abordaje integral desde la prevención, la asistencia y la reincorporación social, promoviendo la continuidad del tratamiento, su seguimiento por parte de los equipos sanitario y apoyo psicosocial”, ha destacad Jesús Maeztu.
Finalmente, el defensor ha querido destacar un tercer problema que preocupa a la Defensoría, como es la atención a las situaciones de discapacidad de las personas privadas de libertad. Jesús Maeztu ha defendido el protocolo de actuación que define Instituciones Penitenciarias en 3 fases: detección, evaluación e intervención. A su juicio, la coordinación resulta imprescindible para atender estas situaciones, como pueden ser: el reconocimiento de la discapacidad que le puede dar acceso a otros derechos; ser capaces de detectar situaciones que no estaban evaluadas antes del ingreso en prisión o evitar la descoordinación que puede darse ante posibles traslados de un centro penitenciario a otro, o incluso, ante su puesta en libertad.
Para la Defensoría es necesario más financiación, crear programas y actuaciones para que al salir de prisión y mientras se está en ella, estas personas puedan reinsertase en la sociedad de la mejor forma posible. También hay que trabajar con las personas internas el impacto de sus acciones, con programas de rehabilitación y educación. Y, en paralelo, trabajar porque la sociedad tome conciencia de la situación y las necesidades de este colectivo.
Jesús Maeztu ha hecho un llamamiento a las administraciones competentes para una mayor coordinación en la puesta en marcha de políticas públicas de reinserción para las personas presas de libertad, “que de verdad apoyen y ayuden a la tan ansiada reinserción social y a la recuperación de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas libres”.