Hay nueve detenidos – tres en Jaén y seis en Málaga- y se han llevado a cabo seis registros – seis en Málaga y una en Jaén- en diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material
El grupo criminal había diseñado un entramado empresarial para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios cuyo origen eran los pagos procedentes de usuarios por el acceso a los contenidos audiovisuales y, posteriormente blanquearlo con la adquisición de numerosos bienes muebles e inmuebles valorados en más de 3.252.000 euros
17/03/25
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal asentada en Málaga y Jaén dedicada a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales, cuyos ingresos superaron los 5 millones de euros en pagos ilegales durante el periodo investigado. Hay nueve detenidos – tres en Jaén y seis en Málaga- y se han llevado a cabo seis registros – seis en Málaga y una en Jaén- en diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material. El grupo criminal había diseñado un entramado empresarial para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios cuyo origen eran los pagos procedentes de usuarios por el acceso y facilitación de contenidos audiovisuales, y posteriormente blanquearlo con la adquisición de numerosos bienes muebles e inmuebles valorados en más de 3.252.000 euros.
Contenido suministrado por un clan familiar
Las investigaciones se iniciaron en el mes de diciembre de 2023 cuando los agentes recibieron una denuncia por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en la que se daba cuenta de la comercialización no autorizada de determinados servicios a través de una página web. Una vez iniciadas las pesquisas, los agentes comprobaron cómo los investigados actuaban como distribuidores de contenido audiovisual, del que se surtían a través de una organización criminal, formada por un clan familiar de empresarios malagueños, que estarían relacionados con la venta y distribución de material audiovisual y que ya habían operado ilícitamente en el sector audiovisual.
La organización había diseñado un entramado empresarial del que se valían para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios, el origen eran los pagos procedentes de cientos de miles de usuarios por el acceso y facilitación de contenidos audiovisuales y de televisión de manera ilegal. Tras ello, y al objeto de introducir en el circuito financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos de la materialización del ilícito, adquirían numerosos bienes muebles e inmuebles que ponían a nombre de la matrona del referido clan y que estiman que podrían estar valorados en más de 3.252.000 euros.
Suministraban a miles de clientes en todo el país
Asimismo el sistema de distribución relacionado con el delito consistía en la venta de decodificadores y paneles de administración con acceso a servidores de cardsharing – método para compartir tu acceso a servicios de pago-, las cuales eran introducidas en cientos de miles de decodificadores que la organización suministraba a miles de clientes en todo el país tras facilitarles instrucciones precisas de cómo manipular dichos decodificadores mediante la instalación de firmware para el acceso ilegal a los contenidos de televisión y audiovisuales. Para contextualizar sus actividades, los investigados se valían de cinco sociedades con diferentes objetos sociales.
Finalmente los agentes procedieron a la detención de seis personas en la ciudad de Málaga y otras tres en la provincia de Jaén, además de llevarse a cabo seis registros – cinco en Málaga y uno en Marmolejo (Jaén)- en diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material, así como una inspección en un establecimiento abierto al público. Asimismo también se procedió a la toma de declaración de otras dos personas, en calidad de investigados no detenidos, en la ciudad Málaga.
Analizadas 60 cuentas bancarias
La investigación económica sobre los servicios ofertados por los investigados llevó a los investigadores a analizar más de 60 cuentas bancarias que arrojaron un beneficio neto en el periodo investigado superior a los 5.000.000 euros en pagos ilegales vinculados a la actividad delictiva, sin contar los perjuicios causados a los titulares de los derechos.