La vicepresidenta del Organismo de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), Inmaculada Márquez Montes, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Rector donde se ha aprobado, entre otros asuntos, la liquidación del convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el avance en la funcionarización de este ente instrumental.
Con este acuerdo se pone fin a las tareas de liquidación del convenio suscrito por la Diputación de Sevilla con la Junta de Andalucía el 2 de marzo de 1993 y que surtió efecto hasta el 31 de diciembre de 2020, período en el que el OPAEF ha trabajado un cargo de más de 736 M€ de euros y 302.127 valores, gestionando un 92,4 %, 680 M€ y recaudando más de 252 M€ y 194.856 valores, lo que representa un 34,26% del principal y un 64,49% de los valores.
Esta media, que en la recaudación se ve sensiblemente afectada por valores de mucho importe y correspondientes a deudas no tributarias, como reintegros de subvenciones o sanciones, en algún caso de no residentes, se vio ampliamente mejorada en determinados ejercicios, superando el 50% en los ejercicios 2014, 2017 y 2018 y llegando al 60% en 2016.
Como consecuencia de la terminación del convenio se han devuelto a la junta 77 M€ y 26.139 valores, si bien parte de ellos estaban ya gestionados, a expensas de que la Junta adoptase los últimos acuerdos. De esa cifra, 25,5 M€ de principal estaban garantizados con mandamientos de embargo de bienes inmuebles.
Asimismo, el Consejo Rector ha aprobado elevar al Pleno de la Diputación de Sevilla una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla mediante la que se crean trece plazas y puestos de trabajo en régimen funcionario, lo que supone un 19% sobre los ya existentes, avanzando así en el proceso de funcionarización.
Tras aprobar un expediente de gasto, el Consejo Rector ha sido informado sobre el cumplimiento por el OPAEF, durante el tercer trimestre de 2024, de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.